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Montero, a una pregunta del PP sobre sucesiones: «No soy una asesoría fiscal»

El Ejecutivo andaluz insiste en pedir al Gobierno que armonice el impuesto en todo el territorio y compense a las comunidades

  • La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ayer
    La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ayer
A. Muriel.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de noviembre de 2017. 20:25h

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A. Muriel.  Sevilla. 14/11/2017

La reforma pactada entre PSOE y Ciudadanos para excluir del pago del impuesto de sucesiones a los que hereden hasta un millón de euros a partir del próximo 1 de enero deja muy poco espacio para un debate que ha ocupado mucho tiempo en los últimos meses. El Partido Popular reclamará vía enmienda a los Presupuestos andaluces de 2018 que se aprobarán a finales de noviembre dar un paso más. Esto es, la bonificación de un 99 por ciento de este tributo y la extensión a parientes no directos. Sin embargo, hay varios factores que han provocado un cambio en la correlación de fuerzas. Los más importantes son la elevación del umbral de pago en esta cifra redonda del millón de euros que llevaba persiguiendo Cs desde el inicio de la legislatura; y el hecho de que en otras comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León el mínimo exento sea de 400.000. Ahora es la Junta la que, después de haber ido a remolque de la oposición, despeja este asunto con cierta facilidad. Y esto a pesar de que como recordó el diputado del PP-A José Antonio Miranda en la comisión parlamentaria de Hacienda el impuesto de sucesiones y donaciones estará lejos de pasar a la historia aun cuando se implemente próximamente su reforma.

En este sentido, el diputado del PP-A le planteó varios casos concretos a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. En todos ellos el afectado tendría que seguir pagando a partir del 1 de enero. Aludió al caso hipotético de una persona que herede 500.000 euros y tenga un patrimonio previo de 1,1 millones de euros. «¿Tiene que pagar?», deslizó Miranda. Hay que tener en cuenta que entre las condiciones para beneficiarse de la exención impositiva figura que «el patrimonio preexistente sea igual o inferior a un millón de euros», además de que los herederos estén comprendidos en los grupos uno y dos de parentesco: hijos y cónyuges.

El diputado del PP-A también aludió al caso de una joven de 26 años que se quiere independizar, con un sueldo de 900 euros, y a la que sus padres donan en vida un piso valorado en 50.000 euros. Esta hipotética situación también está fuera del alcance de la reforma, toda vez que afecta fundamentalmente a sucesiones. En donaciones también se incluye una bonificación del 99 por ciento, pero siempre y cuando la cantidad de hasta un millón de euros se dedique a la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional, y además se mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación.

Otro de los ejemplos que deslizó el parlamentario del PP –«un caso que por desgracia se da con frecuencia», dijo– fue el de una persona casada, con tres hijos y en desempleo, que debe cuatro cuotas de alquiler del piso sin pagar, y a la que su padre le dona 10.000 euros para que salga del bache económico. «¿Tendría que pagar impuestos?», repitió de nuevo José Antonio Miranda, quien le pidió a la consejera que le respondiera con un «sí» o con un «no».

«No voy a contestar como usted quiera que conteste, igual que usted no pregunta como a mí me gustaría que pregunte», adujo de vuelta la titular de Hacienda. «No soy una asesoría fiscal. Esto es más serio». «No estamos para responder a modo de consultorio», abundó.

Tanto María Jesús Montero como el diputado del PSOE Jesús María Ruiz acusaron al PP de buscar ejemplos «rebuscados», además de actuar con una «pataleta» al quedarse sin discurso después de la reforma acordada por la Junta con sus socios de investidura. «Tienen un ataque de celos tremendo», señaló el diputado del PSOE. «Están frustrados porque han puesto todos los huevos en esa canasta». La consejera de Hacienda insistió en cualquier caso en el argumento que lleva sosteniendo desde hace meses: la necesidad de que sea el gobierno el que armonice el impuesto en todo el territorio y, en el caso de que quiera suprimirlo, compense a las comunidades, ya que sucesiones y donaciones forma parte de la cesta de la financiación.

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