Ocho años de cárcel para el ex alcalde de Casares por corrupción urbanística

La Audiencia de Málaga ha condenado al ex alcalde de la localidad malagueña de Casares Juan Sánchez (Izquierda Unida) a ocho años y medio de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público en el caso “Majestic”, sobre presunta corrupción urbanística en el municipio costasoleño, por los delitos continuado de malversación de caudales públicos, fraude en contratación, prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales.

La Sección Novena del tribunal malagueña condena a diferentes penas a otros tres acusados, -entre ellos la mujer del ex regidor, a seis meses de prisión por blanqueo de capitales-, mientras que absuelve a cinco personas en un procedimiento que investigó una sociedad que controló un entramado inmobiliario que el ex regidor benefició a través de la concesión de convenios urbanísticos que incorporaban modificaciones en el planeamiento para mejorar los aprovechamientos urbanísticos.

El fallo considera probado que entre los años 2000 y 2006, Sánchez “guiado por un ánimo de enriquecimiento injusto” y aprovechando el cargo público que ostentaba, pactó con Frank Robert Mani -que representaba a la sociedad Majestic, también condenado en la causa a ocho años de cárcel- dichos convenios urbanísticos, por los que recibió una cantidad no inferior a 286.200 euros a fin de obtener un trato privilegiado.
La sentencia, que no es firme y se puede recurrir, condena al citado promotor, por malversación, fraude en la contratación, prevaricación urbanística y cohecho, imponiéndole la pena de ocho años de cárcel; y a un asesor externo se le condena a multa de 18.000 euros e inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.

Asimismo, se absuelve a dos de los acusados, el vendedor de boletos supuestamente premiados y un exedil, así como a las dos exconcejalas -Antonia Morera y Rosario Loring- y al que fuera secretario municipal, para los que el fiscal anticorrupción retiró la acusación.

Los hechos

Sánchez fue detenido en el marco de esta operación el 14 de mayo del 2012 junto con su mujer, un abogado de Estepona y otras personas en una operación contra el blanqueo de capitales coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación acarreó el bloqueo de 236 inmuebles, 165 cuentas de 19 entidades financieras y un total de 19 vehículos.
El caso, investigado conjuntamente por la Policía y la Guardia Civil, comenzó a investigarse a final del 2010 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona y se acusó al exregidor de colaborar con la mafia rusa, ya que era el “principal” cliente de la red de blanqueo de capitales y corrupción urbanística.