¿Por qué el SAS no le arregla una muela?

Las multitudinarias protestas surgidas en Granada, y extendidas a Málaga y Huelva a finales de noviembre, están poniendo en entredicho las tres patas de la máxima que rige el sistema sanitario público: universal, gratuito y de calidad. Cuarenta mil personas salieron a la calle contra las deficiencias y los sucesivos recortes que desde hace cuatro años ejecuta el Gobierno andaluz, con la reducción de sueldo a los profesionales y las fusiones hospitalarias para suprimir servicios como máxima expresión. Paralelamente, el Gobierno aprobó el copago farmacéutico y excluyó de la financiación 417 medicamentos, entre ellos los más usados como antigripales, antitusivos o para el tratamiento de la ansiedad. Ante este escenario, las reivindicaciones se han centrado hasta ahora en que se restituyan los derechos perdidos, olvidando reclamaciones históricas.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene sus luces y sus sombras. Andalucía encabeza, por ejemplo, las donaciones de órganos y tejidos en España; ha sido pionera en intervenciones como un trasplante de cara en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla o tratamientos punteros en determinados cánceres. El Banco Andaluz de Células Madre, ubicado precisamente en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, es también un referente a nivel nacional. En su extensa cartera de servicios figuran la operación de cambio de sexo, tras aprobar en 1999 el Parlamento una iniciativa para sufragar los gastos y creó la Unidad de Trastorno de la Identidad de Género en el hospital Carlos Haya de Málaga, para que finalmente fuera reconocida en todo el país. Prestaciones como el Diagnóstico Genético Preimplantatorio han permitido que nazcan 60 niños libres de enfermedades hereditarias graves. De las luces, a las sombras: listas de espera maquilladas, consultas de atención primaria colapsadas y miles de trabajadores encadenando contratos eventuales desde hace años, entre otras.

Entre las 43 especialidades que figuran en el catálogo de atención hospitalaria no se encuentra por ejemplo geriatría, pese a que en Andalucía viven 1,3 millones de personas mayores de 65 años, con patologías específicas de su edad. Sí existe un programa de seguimiento en los centros de salud, que incluye la atención bucodental, otra de las grandes demandas ignoradas. «No tiene sentido que haya prestaciones que afectan a la salud de las personas que se quedan fuera. Se admiten intervenciones exclusivamente relacionadas con la estética, mientras temas básicos como el arreglo de una muela, una endodoncia o la operación para corregir la miopía y el astigmatismo no están cubiertas», denuncia el Sindicato Médico Andaluz.En el caso de la odontología, la asistencia está cubierta además en niños entre los 6 y los 15 años, embarazadas y discapacitados. En 2009 se completó el programa de asistencia bucodental, que cubre una atención básica y determinados tratamientos especiales. La ortodoncia –uno de los más caros y cada vez más habitual entre los menores– no está entre ellos. Tampoco cubre, por ejemplo, la reparación de los dientes de leche; sí los empastes, limpieza o extracciones. Para los adultos, solo atiende los «procesos agudos bucodentales».

El portavoz del SMA, Rafael Carrasco, reconoce que las reivindicaciones para ampliar los servicios están aparcadas desde hace años. El último movimiento en este sentido se produjo hace dos semanas en el Parlamento, con la aprobación de una iniciativa del PP para incluir la podología para pacientes diabéticos –no existe fecha para su incorporación–. «La capacidad para comer o ver está directamente relacionada con la salud de las personas –opina–. Las prestaciones hay que revisarlas», insisten desde el SMA, aunque tienen claro que van a «chocar» con la realidad presupuestaria de la Junta. «Lo hemos solicitado al SAS, pero el problema es como siempre económico. Esa carga no creo que vaya a asumirla la Consejería de Salud», señala Carrasco. En su opinión, existe otro poderoso motivo económico para el acceso tan restrictivo a especialidades como odontología u oftalmología. «Las clínicas privadas mueven mucho dinero, es un negocio que de otra forma no se mantendría», asegura. «Desde nuestro punto de vista, que defendemos una sanidad pública para todos, sería adecuado que todas las prestaciones que afectan a la calidad de vida y a la salud estuvieran cubiertas por el sistema público», insiste Carrasco. Su propuesta pasa por que también se sufraguen gastos derivados de la adquisición de gafas o lentes de contacto, al considerarlas «básicas» para el desarrollo diario de una persona.

En su programa electoral para Andalucía, el PSOE presumía de la «eficiente» sanidad «con un coste un 17% inferior a la media nacional gracias a medidas como la prescripción por principio activo o la subasta de medicamentos, la cirugía ambulatoria, las plataformas de compras centralizadas, los procesos de integración hospitalaria o la telemedicina». Un ahorro que no ha revertido en una mayor inversión en otras áreas y que en el caso de las fusiones hospitalarias encendió las protestas ciudadanas.

Un reciente informe del Consejo de Colegios de Médicos cifra en 23 los pacientes que atiende a diario un pediatra; para los médicos de familia, la proporción asciende hasta los 34 por día. Según las estadísticas publicadas por el SAS, en el último año la plantilla perdió a quinientos profesionales. Andalucía sigue siendo la comunidad que menos invierte por habitante, 1.007 euros, muy lejos de la media de 1.232 de España, a tenor de los datos del Consejo Económico y Social. Para converger con el resto del país, debería aumentar su gasto anual en 1.890 millones de euros, un 22% más del presupuesto actual –la previsión para el próximo año es de 8.578 millones de euros–.