«Se ha condenado a Cobre las Cruces, la Junta y la CHG»

Tres directivos de la empresa aceptan una pena de un año de cárcel y pagar una indemnización de 293.210 euros por delitos ambientales.

Una gota que cae y cae puede horadar la piedra. Con esa filosofía, Ecologistas en Acción denunció en 2008 ante la Fiscalía de Medio Ambiente que habían detectado en la construcción de la corta minera de Cobre las Cruces (CLC), en Gerena (Sevilla), una gran cantidad de balsas ilegales con aguas contaminadas de las que habían avisado en reiteradas ocasiones a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG). Su batalla de años acabó ayer con la aceptación por parte de tres ex directivos de la empresa minera –el ex consejero delegado François Fleury, el ex director William Thomas y la ex directora del departamento de Medio Ambiente, Paz Cosmen Shortmann–, de una pena de un año de cárcel, una multa de 6.750 euros a cada uno y una indemnización de 293.209,6 euros a pagar entre los tres, por contaminar un acuífero y por los daños generados por la extracción irregular de agua.

Los tres se han declarado autores de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público hidráulico, si bien, la ejecución del fallo, comunicada ayer por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tras una vista oral, quedó suspendida siempre que no vuelvan a delinquir durante un plazo de dos años. Ello responde al acuerdo de conformidad al que llegaron los implicados, la Fiscalía y Ecologistas en Acción, dado que los condenados han reparado los daños causados –la mina, que ocupa terrenos de los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, cerró un año y se reabrió en 2009 tras una inversión de 32 millones en sistemas de depuración, instada por Ecologistas–, además de que en el proceso se habrían producido dilaciones indebidas. Ese pacto permitió que las peticiones de penas para los señalados pasasen de cinco años y medio de cárcel y multas por valor de 11.700 euros en cada uno de los casos, que pedía la Fiscalía, a sólo multas de 6.750. Si bien, para los ecologistas se trata de la solución «menos mala» teniendo en cuenta que el juicio «podía alargarse hasta 2017, desde 2008 que arrancó el proceso», explicaron.

En la vista, a la que Cosmen asistió y los otros dos participaron gracias a internet, la presidenta del tribunal, Inmaculada Jurado, comunicó además su mandato de que se devuelva la cantidad sobrante de los 619.000 euros que los condenados habían consignado una vez que paguen la indemnización fijada al Estado español.

«Estamos contentos porque para nosotros la sentencia pactada ha sido un éxito rotundo que creará jurisprudencia en España», aseguró a LA RAZÓN el portavoz de Ecologistas Antonio Ramos tras oficializarse el acuerdo.

A su juicio, «no sólo es que se haya condenado a la empresa Cobre las Cruces, sino también a la autoridad minera de la Junta, desde el momento en que ésta ha apoyado de forma connivente su quehacer durante años. El Gobierno andaluz tiene que reconsiderar su política minera», deslizó. Y hubo apostilla: «Tuvo que ser mi organización, que ha estado 16 años peleando, la que saliera en defensa del dominio público hidráulico, por cuanto la Confederación Hidrogáfica del Guadalquivir (CHG), con el nefasto presidente que tiene al frente –Manuel Romero–, no se ha presentado en la causa como acusación particular», lanzó. «En definitiva, al condenar a Cobre las Cruces, se ha condenado a la Junta y al mal hacer de la CHG», condensó un «satisfecho» Ramos.