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Segundo vaparalo a Cs por vulnerar los derechos de una edil expulsada

Un juez declara «nula» la sanción del partido a la ex portavoz en Alcalá de Guadaíra

  • Juan Marín, junto a José Antonio Funes, en el Parlamento de Andalucía
    Juan Marín, junto a José Antonio Funes, en el Parlamento de Andalucía
N. A. / F. M.  Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

10 de noviembre de 2017. 16:36h

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N. A. / F. M.  Sevilla. 10/11/2017

El rápido crecimiento de Ciudadanos en Andalucía –y en el resto de España– ha generado también el surgimiento de un movimiento crítico, descontento con los procedimientos internos de la formación naranja. Las denuncias han virado desde asuntos de financiación hasta cuestiones derivadas de la falta de democracia interna. En este contexto, el Juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se ha posicionado de nuevo a favor de Ester Ruiz Lara, ex portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y expulsada por desavenencias con la dirección, que justificó su decisión porque la edil había incumplido sus obligaciones de asistencia a los plenos.

En un primer auto de 5 de septiembre de 2016, el magistrado Javier Francisco Alba Figuero acordó la suspensión tanto de la decisión adoptada en el Comité Ejecutivo de Ciudadanos del 5 de febrero, donde se acordó la expulsión de Ruiz Lara, como de la ratificación de esta misma en la Comisión de Garantías del partido. En una sentencia fechada el pasado 23 de octubre, el juez declara «nulo» el citado acuerdo.

La demandante era concejala electa del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra –encabezó las listas en las elecciones municipales de 2015– y hasta el día 4 de abril de 2016, portavoz del Partido Municipal de Ciudadanos. En esa fecha cesó en su cargo de portavoz, como consecuencia del acuerdo del pleno extraordinario de la corporación local, pasando a ser corporativa no adscrita. Anteriormente, el 5 de enero de 2016 se le notificó la resolución del Comité Ejecutivo de Ciudadanos por la que se le incoaba expediente disciplinario, procedimiento que la afectada interpretó como una «venganza, con mentiras y falacias, de un miembro del partido que fue personal de confianza».

El juez que tomó las medidas cautelares asegura ahora que «cada uno de los puntos que indiciariamente apuntaban a un pronóstico favorable para la pretensión de la demandante se han confirmado», entre los que señala que la decisión de expulsión del partido carece de «propuesta de resolución de la instructora», que no se motiva «la denegación de pruebas testificales propuestas», que se incluyan hechos «que no están incluidos en la resolución de incoación del expediente», y falta de documentos que motiven el fallo.

El juez considera que no se ha vulnerado por parte de Cs el honor de la ex concejala. Tampoco tiene derecho al cobro de las cantidades perdidas por pasar a la condición de concejala no adscrita. Eso sí, el acuerdo que motivó su expulsión es «nulo».

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