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Sueldos y pluses para altos cargos al margen de la legalidad en Cetursa

La Cámara de Cuentas señala que el ente cambió su organigrama «evitando la reducción de retribuciones del personal directivo»

  • La directora de Cetursa, María José López
    La directora de Cetursa, María José López
M. González Q.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

08 de noviembre de 2017. 20:17h

Comentada
M. González Q.  Sevilla. 9/11/2017

Un nuevo informe de la Cámara de Cuentas detalla cómo los pluses, sobresueldos y nóminas infladas han sido una constante incluso durante los años más duros de la crisis, en plena ola de recortes generales. La Cámara de Cuentas –que ya señaló, sobre datos de 2013, que los altos cargos sanitarios superaron en más de dos millones de euros el límite retributivo establecido por norma– apunta ahora que en el ente que gestiona Sierra Nevada, Cetursa, se buscaron subterfugios en la legislación para mantener los privilegios de los altos cargos. Pese a la entrada de los ajustes en 2012, «no es hasta el ejercicio 2014 cuando se reducen las retribuciones de la alta dirección y se da la orden de adecuar la nómina de los directivos a la normal, con lo que hay un período de aproximadamente dos años en el que las leyes de presupuestos no son cumplidas, ordenándose pagos en contra de sus prescripciones», señala el ente fiscalizador.

«Las cinco direcciones/jefaturas de servicio y un total de 51 trabajadores tienen reconocidos en sus nóminas ‘incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias’ no recogidos en los convenios aplicables», señala el ente fiscalizador. Su análisis destaca el caso concreto de un trabajador al que «se le ha reconocido la antigüedad devengada como funcionario de la Junta». «Este hecho ha supuesto la consolidación del complemento por importes muy por encima de los previstos en la ley de presupuestos», cita.

El informe, en concreto, indica que «a finales del ejercicio 2014 se aprueba por la alta dirección una modificación del organigrama de Cetursa» y «las subdirecciones y direcciones se convierten en ‘áreas’, y sus titulares son cesados como directores y nombrados ‘jefes de servicio’, con efecto de 31 de diciembre de 2014». La cámara subraya que «los cambios operados en el organigrama podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial, sino a la necesidad de salvar lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno y la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, evitando así la reducción de retribuciones del personal directivo, con el consecuente menoscabo de los fondos públicos». «Existen indicios de posible responsabilidad contable administrativa», continúa el informe. Asimismo, «la modificación de la estructura empresarial y, como consecuencia, la adhesión al convenio colectivo sectorial de los responsables de área no han sido autorizados por el titular de la consejería de adscripción ni cuentan con el preceptivo informe favorable de la Consejería de Hacienda».

Por otro lado, la contratación de personal «no ha ido precedida de convocatoria pública en medios oficiales ni de los procesos selectivos correspondientes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, transparencia e imparcialidad, así como los de mérito y capacidad».

El ente también critica que «no se informa en la memoria de las cuentas anuales consolidadas ni en las memorias individuales de Cetursa y Promonevada del riesgo de insolvencia de esta última sociedad». Promonevada, «en liquidación», según «se pone de manifiesto en el acta de la junta general de socios» de fecha 27 de diciembre de 2016, «carece de liquidez para afrontar el pago de sus deudas, que están siendo atendidas por Cetursa (por importe de 298.000 euros en marzo de 2016 y 823.953 euros en diciembre de 2016), pues en otro caso se encontraría en estado de insolvencia, con la consiguiente obligación de instar el concurso de acreedores».

Cetursa, por su parte, alegó, citando una auditoría independiente, que la aplicación del esquema laboral del sector público andaluz resulta compleja en una empresa que es una sociedad anónima, con convenio y categorías profesionales propias, sometida íntegramente a las leyes de la competencia en el mercado.

Cetursa también señaló que una estación de esquí no presta servicio público ni recibe transferencias de la Junta. Sobre el personal directivo, subrayó que «sólo en tres» casos, la cámara «aprecia algún desajuste salarial» por discrepancias en la interpretación del devengo de derechos durante su carrera profesional en el ente y en el conjunto del sector público andaluz. No obstante, la entidad indicó que hizo un requerimiento el pasado verano, aceptado por los tres directivos afectados, para mayor garantía jurídica. Cetursa defendió que, durante la época de ajustes, la plantilla pasó de 829 a 670 trabajadores, con sólo 20 contrataciones nuevas.

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