Un empresario que admitió lucro en el Parlamento lo niega ahora ante la jueza

El empresario José María Pérez González cambió ayer de criterio. Durante su comparecencia en la comisión de investigación de los cursos de formación constituida en el Parlamento de Andalucía aseguró que una parte de las subvenciones recibidas para acciones formativas se dedicaba a «beneficio empresarial». En concreto, habló de un «20 por ciento» del total, pese a que las subvenciones de este tipo tenían carácter finalista. Ayer, en su declaración ante la jueza María Núñez Bolaños en calidad de investigado en la causa negó haberse lucrado con los cursos.

En sede judicial, este empresario defendió la legalidad de su actuación en la impartición de los cursos, para lo que recibió un total de cuatro ayudas, siendo de 400.000 euros la de mayor importe.

Sobre el compromiso de contratación, argumentó que era «responsabilidad» de las empresas, pese a que la Fiscalía Anticorrupción mantiene que dicha obligación correspondía al beneficiario como fase final de cada expediente de subvención.

Durante su declaración, el investigado, que tiene más de 80 años de edad, sí admitió que los profesores le devolvían «parte» del dinero que les abonaba, aunque defendió que se trata de «una práctica habitual».

La instructora también había citado como investigado este jueves al empresario Gerardo Saucedo González, aunque este no compareció tras haber presentado un escrito en el que defiende que dada su avanzada edad, pues cuenta con 90 años de edad, no está en condiciones de desplazarse a los juzgados a prestar declaración. En su caso, había sido llamado a declarar al constar como socio de José María Pérez González en una empresa en el año 1983.

La magistrada citó a declarar a ambos como investigados a petición del Ministerio Público, que, en un escrito basado en un atestado en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizaba el entorno de José María Pérez González relativo al «fraude» de la formación.

La Fiscalía concluyó que del referido atestado, se desprende con carácter indiciario que los investigados «habrían recibido subvenciones a través de sus empresas, con la previa intención de incumplimiento de un elemento esencial de este tipo de subvenciones como es el compromiso de contratación».

En la comisión parlamentaria, Pérez González también reconoció, entre otras cosas, que había realizado «montones de cursos a los que no me han ido inspectores porque decían que no les pagaban ni el kilometraje ni las dietas».

Igualmente, apuntó que los criterios de revisión de la Junta de Andalucía de los expedientes habían cambiado radicalmente tras saltar el escándalo.