Un ente investigado por su gestión de «fondos UE» busca ahora herramienta operativa

Soprea licita por 445.280 euros la implantación de un instrumento para tramitar y seguir intervenciones financieras sin «errores humanos».

Varios juzgados sevillanos analizan la idoneidad de que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, SAU (Soprea) fuera designada por la Junta como intermediario financiero entre 2007 y 2013 de 185 millones procedentes de los fondos Jeremie –acrónimo de «Joint European Resources for Micro to Medium enterprises»–, al depender aquélla del órgano gestor del dinero que es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Una cuestión de la que ya advirtió en 2013 la Cámara de Cuentas en uno de sus informes y una elección que el Ejecutivo autonómico continúa defendiendo. Mientras se dirime esa cuestión, Soprea ha licitado ahora un contrato para cubrir los «Servicios de implantación de una herramienta para la gestión y seguimiento de operaciones financieras». El importe neto de la contrata es de 368.000, más un IVA de 77.280, lo que eleva el total hasta los 445.280 euros, según se refleja en la plataforma virtual del Gobierno andaluz en la que se muestran estos movimientos contractuales.

El plazo de ejecución previsto para su culminación es de seis meses, a contar a partir de la formalización del acuerdo laboral para su implantación, más hasta otros «dos años» para «servicios de alojamiento y mantenimiento» de ciertas infraestructuras.

En la actualidad, para realizar las labores de seguimiento y control de operaciones financieras, Soprea cuenta con el soporte de varios sistemas de información: un instrumento de gestión de solicitudes, esto es, un tramitador donde se registran las peticiones y que soporta las etapas de análisis, aprobación, diseño y formalización de las diferentes operaciones financieras; el sistema Adriano, que es una herramienta de contabilidad de la agencia IDEA; y otra vinculada a los préstamos, que pasa por hojas de cálculo desde donde Soprea realiza la gestión de las operaciones concedidas. Entre las tres, no existe «ningún tipo de integración automática», debido, entre otras razones, a que el sistema ligado a los préstamos está basado en múltiples hojas de cálculo de tratamiento manual, sujetas a «posibles errores humanos», según se admite en el pliego de prescripciones técnicas asociado a esta contrata.

Una de las utilidades de la nueva herramienta deberá ser prestar soporte en el seguimiento de las posibles operaciones tras su formalización y éste incluye los pagos, el destino de la inversión –los planes de negocio, la correcta ejecución del proyecto...–, así como la detección de «problemas de morosidad». El futuro adjudicatario, que se seleccionará en un proceso abierto, será responsable de la formación de los usuarios técnicos y funcionales de Soprea en la nueva herramienta y quedará «expresamente obligado», a tenor de lo reflejado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, a «guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato y reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo de los trabajos». Sólo podrá poner en conocimiento de terceros «aquello que autorice por escrito Soprea». Deberes que seguirán vigentes aún finiquitada la relación contractual.

La sociedad pública, adscrita a la Consejería de Empleo, ya se hizo hace unos meses con los servicios de soporte y asesoramiento técnico del despacho de abogados de Deloitte Consulting SL para lograr «un sistema de gestión de préstamos». En aquella ocasión se negoció sin publicidad y la cuantía de adjudicación fue de 48.400 euros.

La Consejería de Empleo desembolsará 71.620 euros por asesoría para divulgar lo que hace

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio quiere asistencia para contar lo que hace. De hecho, la Secretaría General Técnica de ese departamento ha licitado la cobertura de servicios de consultoría para el diseño, la producción y la ejecución de «acciones de comunicación» para la «divulgación» de sus actuaciones. Así se puede comprobar en la plataforma de contratación de la Junta y también que los fondos propios del Gobierno regional que se destinarán a tal fin son 59.190,09 euros, más un IVA de 12.429,91, lo que hace un presupuesto de licitación global de 71.620 euros. El futuro asesor, que tendrá la posibilidad de subcontratar, se elegirá mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El plazo de ejecución de la contrata se iniciará el día después de la firma del acuerdo y se prolongará hasta el 20 de diciembre de este año, como máximo, y siempre con el límite presupuestario previsto como referencia.