Cerco a la corrupción

Una empresa investigada recibió casi medio millón en tres contratos de la Junta

Tres de las sociedades que centran las pesquisas de la Policía tienen lazos entre sí.

Uno de los contratos obtenidos por Aora Comunicación
Uno de los contratos obtenidos por Aora Comunicaciónlarazon

Tres de las sociedades que centran las pesquisas de la Policía tienen lazos entre sí.

La «Operación Paraíso» llevada a cabo por la Policía Nacional y en la que resultaron detenidos el delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Jaén, Antonio de la Torre, además de otros tres empresarios, se centra en el amaño de un contrato de 60.000 euros de la Diputación de Jaén. La sociedad sobre la que pivotan las irregularidades, como adelantó LA RAZÓN, es Aora Comunicación, cuyo director, José Ramón Parra, fue una de las personas puestas a disposición del juzgado de Instrucción 4 de la capital.

Aora Comunicación ha recibido desde su constitución en mayo de 2005 numerosos contratos no sólo de la Diputación, sino del Ayuntamiento de Jaén, especialmente entre 2007 y 2011, en la etapa de gobierno del PSOE, y de la Junta de Andalucía. La Consejería de Turismo le ha adjudicado casi medio millón de euros (467.338) en tres campañas publicitarias.

La Policía Nacional detectó a lo largo de las pesquisas, que se iniciaron el pasado mes de abril, un quebrantamiento de la Ley de Contratos del Sector Público. La investigación apunta a que Aora Comunicación fue la receptora del contrato y se concertó con otras empresas –Comunicaciones Avanzadas y Nuevos Proyectos Empresariales e Iberian BroadCasting Productions– que «se prestaron al juego» para dar apariencia de legalidad a la facturación ficticia. «Ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno» –señaló la Policía–, «siendo la empresa subcontratada la que realizó los contratos».

Resulta llamativo que estas tres empresas que investiga la Policía –también investiga una imprenta, pero su responsable fue puesto en libertad de manera casi inmediata– están relacionadas entre sí. El administrador único de Aora Comunicación es Francisco Belda Sáenz, según la documentación que aparece en el Registro Mercantil, que también es administrador solidario de Comunicaciones Avanzadas y Nuevos Proyectos Empresariales. Asimismo, Alejandro Mas, uno de los empresarios detenidos, es administrador solidario junto a Francisco Belda de Comunicaciones Avanzadas y socio único de Iberian Broadcasting Productions. Las tres empresas se crearon en fechas que van desde el mayo de 2005 a marzo de 2007. Esto es, en menos de dos años.

Aora Comunicación tiene un importante volumen de facturación. El importe neto de negocios de 2015 ascendió a más de un millón de euros (1.082.199 euros). Ha conseguido contratos, entre otras instituciones, de la Diputación, del Ayuntamiento de Jaén y de la Junta de Andalucía. Sólo en tres ediciones de la campaña Tierra Adentro (de 2010 a 2012) ingresó 467.338 euros.

En la Diputación de Jaén ha recibido asimismo contratos menores y mayores o negociados de más de 18.000 euros. La mayoría de los últimos contratos menores hacen referencia a la campaña «Jaén Paraíso Interior». Los investigadores han etiquetado las pesquisas como «Operación Paraíso». También aparecen contratos para gestionar la publicidad de «La Feria de los Pueblos» o «stand» de ferias.

La detención del delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, no se produce por su cargo actual, sino por sus responsabilidades en la Diputación de Jaén como director del área de Presidencia. Antonio de la Torre es también secretario de Comunicación y Acción Electoral del PSOE jienense. En ambos puestos, el institucional y el orgánico, ha estado a las órdenes del secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, al que también acompañó como responsable de Comunicación y Coordinación en su etapa como delegado de la Junta en Jaén.

Antonio de la Torre, como el resto de empresarios, fue puesto en libertad con cargos el pasado martes. La Policía señala delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.