Una financiación, catorce banderas

Toca revisar el sistema de financiación autonómica y todo apunta que volverán a escenificarse en el plano fiscal desavenencias y acuerdos que se explican más por la coincidencia o no entre el color político de gobiernos regionales y el Gobierno de la nación, que por el rigor técnico de las opciones sobre la mesa.

El debate se realiza a partir de las propuestas que ha entregado al gobierno el denominado «comité de sabios» nombrado al efecto por el gobierno y los ejecutivos autonómicos. El comité ha estado integrado por siete especialistas del Gobierno de Rajoy y catorce de otras tantas comunidades autónomas. Como ven, faltan tres: Cataluña no envió representante presa del «prusés» (aunque se adivina hablada por el representante de las Islas Baleares), tampoco País Vasco y Navarra (comunidades con un régimen fiscal propio, privilegiado y –de momento– diferentes pese al panacionalismo vasco).

El presidente de la comisión de sabios, el profesor Ángel De la Fuente, no sólo es uno de los economistas más valiosos de la Universidad española, sino de los que han trabajado denodadamente en favor de la cohesión de España. A él y a los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel se debieron la publicaciones más rigurosas de las famosas balanzas fiscales, aquellas que, de haber visto la luz años antes, hubieran desmontado hacía tiempo el «Espanya ens roba», que tantas alas ha dado al secesionismo catalán. Los representantes de las comunidades autónomas son casi todos perfectos conocedores del sistema de financiación autonómico. Expertos como los profesores Carlos Monasterio (que representa a Asturias), Francisco Pedraja (Extremadura) o Jorge Onrubia (Madrid) han participado varías veces en sus sucesivas reformas. Todos han trabajado para el Instituto de Estudios Fiscales, el prestigioso centro de investigación del Ministerio de Hacienda que se ha ocupado, entre otras muchas cuestiones, de lo que académicamente se conoce como el federalismo fiscal. Al entregar el informe, el profesor De la Fuente –que no se caracteriza por tener pelos en la lengua– dijo que cada representante autonómico esgrimía los argumentos que más beneficiarían financieramente a la región que los había propuesto. Esto es así porque la fórmula de reparto del dinero entre regiones no es más que una expresión aritmética trufada de ponderaciones de criterios para alcanzar un acuerdo que sea difícil de rechazar hasta para quienes no pertenecen al mismo partido que gobierna en Madrid.

En definitiva, sobre la base de que cada español debe recibir la misma cantidad para, por ejemplo, financiar su sistema autonómico de sanidad, cada comunidad puede esgrimir argumentos «ad hocistas» para aplicar un factor corrector al alza. Así se puede utilizar el del mayor envejecimiento (la población de mayor y menor edad son las más demandantes de asistencia sanitaria), el argumento de la dispersión de la población (en las zonas con poca densidad y dispersa, los desplazamientos y la atención a domicilio es más cara), el argumento de la insularidad... y así sucesivamente.

Lo que no se discute es el modelo de reparto de competencias y por eso la negociación que queda por delante es sobre cómo se va a recibir más dinero. Se trata, en cierta medida, de la definición de un sistema «adjetivo», esto es, el reparto de competencias no se discute –como si fuese un axioma– sino sólo cómo se mejora la tajada de la financiación. Por ejemplo y en mitad del ejemplo catalán, nadie discute si hay que impedir que la educación siga utilizándose como una herramienta de adoctrinamiento en la exaltación del terruño y en el desprecio al que vive en la otra orilla del rio. Tampoco es el momento de recordar que los informes PISA siguen poniendo en evidencia al sistema educativo español ni la muy limitada presencia de las universidades españolas en los primeros puestos de las comparaciones internacionales. Todo esto es tabú. El ejercicio lógico de repensar de vez en cuando qué administración debe hacer qué no está en la agenda política. El único camino vuelve a ser el vaciamiento de los recursos financieros de la nación, los mismos que deben garantizar nuestra libertad y el ser iguales en derechos con independencia de la parte de España en que que vivamos en cada momento.

Hace unos días, el profesor Rafael Sánchez Saus resumía con aquilatada dureza la situación de Españ que debe garantizar esa libertad e igualdad de los españoles. Afirmaba Sánchez Saus: «Constato que todo ese prójimo y sus alrededores, que por abreviar llamaré España, está siendo objeto creciente desde hace años, y aplastante desde hace meses, del anuncio consentido hasta ahora por un Gobierno incalificable y una sociedad lanar, de una violación en masa que se anuncia a toda plana y a todas horas».