Una infracción legal se suma al retraso del metro de Granada

Irregularidades administrativas se añaden a los fallos técnicos que mantienen a los granadinos sin fecha para la inauguración

La inauguración del metro de Granada se ha pospuesto ya tanto que ni los granadinos se creen las informaciones que ofrece la Consejería de Fomento al respecto. Actualmente se encuentra en periodo de pruebas. La Junta ha comunicado que se siguen registrando «incidencias», pese a que se acumulan más de 2.700 kilómetros recorridos en esta fase de comprobaciones, aunque también se han producido irregularidades administrativas que están dilatando el proceso de la puesta a punto del servicio.

El pasado 12 de mayo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía tumbó la adjudicación del «Servicio de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas de la Línea 1 del Metropolitano de Granada», un contrato tramitado por la Agencia de Obra Pública –ente de la Consejería de Fomento– con un valor calculado en 479.700 euros. El tribunal estimó el recurso de una de las empresas que optaban al mismo, al confirmarque el procedimiento incurrió en una «infracción legal» que ha supuesto la anulación del acto de adjudicación y la retroacción de las actuaciones al momento previo. Todo ello, después de que este mismo procedimiento estuviese suspendido por alegaciones previas de otras empresas.

Según se detalla en la resolución del tribunal administrativo, el 27 de marzo se anunció la adjudicación a la entidad Zardoya Otis SA, pero el 17 de abril la sociedad Fain Ascensores presentó un recurso especial en materia de contratación para solicitar que se cumpla, como se especifica en el pliego de cláusulas administrativas, que la adjudicación se realice a la «oferta económicamente más ventajosa y se concreten los criterios de valoración o exclusión».

Fain Ascensores había sido requerida por el órgano de contratación para que justificase su oferta, «inicialmente incursa en baja anormal o desproporcionada», y esta empresa razonaba el menor coste económico por su condición de fabricante e instalador de más del 80% de las escaleras y ascensores a mantener. Posteriormente, se le comunica «sin explicación ni razonamiento» la adjudicación a Zardoya Otis, pese a no ser la licitadora mejor valorada técnicamente ni económicamente más ventajosa. Entiende, por tanto, la recurrente que la adjudicación no se ajusta a derecho. Mientras tanto, la mesa de contratación alega que excluyó a Fain Ascensores «a la vista del informe técnico sobre la viabilidad» de su oferta. Es decir, que es desproporcionada.

El tribunal no otorga la razón en lo que respecta a la viabilidad de la oferta porque entiende que las partidas incluidas en su análisis «no puede quedar al arbitrio de la entidad licitadora, como ocurre con los gastos generales o el beneficio industrial». En cambio, sí detecta una infracción legal al no motivarse la adjudicación para «proporcionar con la notificación la información necesaria respecto a las licitadoras excluidas. Por tanto, el tribunal considera que debe estimar el recurso y anular el acto de adjudicación del contrato con retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado, «para que se proceda en los términos previstos», elaborando un acto expreso de exclusión de la oferta de Fain, bien en el mismo acuerdo de adjudicación o en un acto independiente.

La resolución pone fin a la vía administrativa, pero ante la misma cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo en el TSJA en el plazo de dos meses. Si la licitadora perdedora acude a los tribunales, el proceso podría demorarse aún más en el tiempo, mientras los granadinos siguen sin metro.