Ybarra acelera su actividad un mes después del incendio

El grupo Ybarra inició ayer las labores de desescombro de los restos de la fábrica cuando se cumple un mes del incendio que destruyó la factoría ubicada en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Además 42 trabajadores han sido recolocados y han empezado a trabajar en plantas de Dcoop en Alcolea, en Córdoba, para fabricar los productos Ybarra.

Fuentes de la empresa consultadas por Europa Press consideran que tras este suceso «las cosas van a su ritmo, teniendo en cuenta el período estival». Asimismo, indicaron que los permisos de la nueva fábrica caminarán según los plazos «que la administración permita, pero por nosotros queremos que sea lo más corto posible».

Por otra parte, desde CC OO valoraron que ya se hayan iniciado esas labores de desescombro y también aplaudieron que 42 personas «hayan vuelto a la actividad y hayan sido recolocados». En CC OO se muestran «asombrados» por la «agilidad» de la empresa en las recolocaciones, ya que «no la esperábamos tan pronto». No obstante, critican «el tiempo que llevamos sin tener acordadas las condiciones del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)». La fábrica cuenta con 136 trabajadores indefinidos.

La empresa adquirió el compromiso de ir recolocándolos en otras fábricas del grupo o en las empresas en las que se va a externalizar la fabricación de los productos de la firma andaluza, así como en las labores de desescombro y limpieza de la planta que comenzaron ayer, según informó a Efe el secretario de la FITAG-UGT de Sevilla, José Berjano.

De estos 136 trabajadores afectados, 24 fueron recolocados la semana pasada y otros 22 lo serán esta semana en distinta fábricas del grupo, por lo que se ha reducido a 80 el número de trabajadores que se acogerán al ERTE.

Ybarra también anunció la semana pasada que asumirá la indemnización complementaria de sus trabajadores durante el ERTE siguiendo el modelo de Campofrío, que también sufrió un incendio, aunque en este caso será la firma hispalense quien asuma la indemnización y no el Gobierno regional, como ocurrió con la empresa cárnica de Burgos, tras manifestar la Junta la imposibilidad de hacerlo.