Castilla y León

Castilla y León pide más explicaciones y transparencia sobre el Cupo vasco

Del Olmo reclama tener en cuenta dispersión y superficie y asegura que la Región «no perderá un euro»

La portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, comparece al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León junto al consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo
La portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, comparece al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León junto al consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmolarazon

Castilla y León pide «más transparencia y explicaciones sobre el cupo vasco». Así lo hizo la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde explicó el informe regional sobre el modelo de financiación autonómica que envía hoy al Ministerio.

Del Olmo se mostró contundente al considerar que la diferencia entre las haciendas forales y el resto de comunidades va en detrimento de éstas últimas al destinar en ellas menos dinero por habitante, lo que perjudica a Castilla y León «y al resto de españoles».

Así, subrayó que la actual financiación de País Vasco y Navarra es un 75 por ciento superior a la del resto de las autonomías.

La consejera consideró que ésta «gran diferencia» se va a ver incrementada con la actualización del cupo, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, aunque justificó su aprobación en que se «puedan llevar adelante» los Presupuestos Generales del Estado, «lo que aporta estabilidad».

«No critico al Gobierno, ya que otros en su lugar habrían hecho lo mismo», recalcó.

En cuanto a las apreciaciones de la Junta sobre el modelo de financiación autonómica vigente, Del Olmo explicó que se solicita un peso mayor de variables no poblacionales como «dispersión y superficie», ya que suponen «el tiempo empleado por los habitantes para acceder a los servicios hospitalarios o colegios».

Además, rechazó la propuesta de algunos de los expertos designados por otras comunidades de suprimir el denominado «status quo», lo que llevaría a perder recursos económicos.

«Desde Castilla y León desaprobamos esta supresión, aunque se realice de forma paulatina», dijo, y aseguró que la Comunidad «no perderá ni un euro» ya que el «nuevo sistema tiene que garantizar los recursos ahora y también en el futuro».

En cuanto a los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, la Junta dio luz verde a la nueva Ley de Cooperativas de Castilla y León, cuyo proyecto se remite a las Cortes y pretende reducir trámites en su constitución, adapta su funcionamiento a los sistemas electrónicos y facilita a estas sociedades competir en igualdad con otras empresas, como las anónimas, en los mercados.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el objetivo final es que haya «más cooperativas y de mayor tamaño», por lo que esta Ley servirá pata agrupar varios tipos de actividad cooperativizada en una única entidad.

También detalló que la Comunidad cuenta con 2.102 organizaciones de este tipo registradas, que emplean a 10.740 trabajadores, la mayor parte de ellas dedicadas al campo.

También amplía la oferta de empleo público que había previsto inicialmente en septiembre para elevarla desde las 3.012 plazas anunciadas a las 6.421, más de la mitad de ellas en el ámbito de la Sanidad, lo que convierte esta convocatoria en la mayor de las últimas dos décadas en la Comunidad.

Finalmente, se autorizaron dos partidas económicas que suman siete millones de euros para reforzar la colaboración del Ejecutivo regional con Iberaval y poder así ampliar el número de operaciones de financiación avaladas a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y autónomos.

La previsión es que estos apoyos movilicen más de 70 millones en préstamos y faciliten la creación y consolidación de 7.650 puestos de trabajo.

Tres de esos siete millones se dedicarán a sufragar créditos de entre 6.000 y 600.000 euros, con periodo de amortización de hasta 180 meses.