Expedientan a 184 contribuyentes por cambio de domicilio fiscal y evitar tributos

La Junta de Castilla y León identificó y abrió expedientes a184 contribuyentes que cambiaron de domicilio fiscal fuera de la Comunidad de forma fraudulenta, para evitar abonar el Impuesto sobre el Patrimonio, el que grava a las grandes fortunas.

La Junta de Castilla y León identificó y abrió expedientes a184 contribuyentes que cambiaron de domicilio fiscal fuera de la Comunidad de forma fraudulenta, para evitar abonar el Impuesto sobre el Patrimonio, el que grava a las grandes fortunas.

Y es que el Impuesto sobre el Patrimonio tiene carácter autonómico, aunque las autoliquidaciones corresponden a la Agencia Tributaria (AEAT), junto al IRPF, y Madrid mantiene las bonificaciones en el mismo al cien por cien, por lo que no es extraño que se produzcan denuncias por la fuga de contribuyentes. El impuesto se recuperó los años 2011 y 2012, con un nuevo mínimo exento de 700.000 euros, y ha sido prorrogado año tras año por el PP, hasta este 2016.

La Consejería de Economía y Hacienda informó a Ical de que pone «especial atención» a los cambios de domicilio que se producen desde el restablecimiento del gravamen sobre el patrimonio, que recuperó el Gobierno a finales de 2011, en plena crisis recaudatoria, cuando estos cambios han supuesto una rebaja en la carga de los particulares por el tributo.

La actuación contra estas personas se lleva a cabo en estrecha cooperación con la Agencia Tributaria, que el año pasado inició los expedientes de oficio en aquellos casos en que se detectó la declaración de un domicilio fiscal fuera de Castilla y León que no se correspondía con el real. En este sentido, concretaron que dos de cada tres expedientes impulsados en 2015 lo fueron a petición de la Junta de Castilla y León, como consecuencia de la colaboración solicitada a estos efectos en el seno del Consejo Territorial.

Así, los servicios territoriales de las provincias en que los interesados tuvieron el último domicilio declarado en Castilla y León, gestionaron los expedientes abiertos en la Comunidad; y esta información se compartió con la Delegación Especial de la Administración Tributaria, que a su vez trasladó a la AEAT en Madrid, los que consideró oportunos para iniciar el procedimiento de inspección. En este sentido, la Junta resaltó «la línea de colaboración abierta entre ambas administraciones, la autonómica y la central».

La selección de expedientes se realizó con datos de las autoliquidaciones presentadas en 2014, correspondientes al ejercicio fiscal 2013; y las actuaciones sobre ejercicios posteriores están condicionadas a la verificación de cómo avanza la tramitación con estos. Con todo, fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo explicaron a Ical, que la Administración tributaria autonómica continuará realizando actuaciones de comprobación de los domicilios declarados y sus modificaciones, en colaboración con la Agencia estatal, que es competente para determinar qué expedientes se elevan a Madrid, para evitar estas «deslocalizaciones» por motivos fiscales.

La Comunidad Autónoma se fija a la hora de abrir expedientes en aquellos contribuyentes que cumplen una serie de condiciones, conforme a las directrices del Plan de Control Tributario, y con los datos de gestión que dispone de la AEAT.

En primer lugar, explicaron desde la Consejería de Economía y Hacienda, se busca a aquellos sujetos que habían cambiado su domicilio fiscal a una Comunidad en la que no se exige el Impuesto sobre el Patrimonio a partir del año 2011. Con ese universo, se busca a los que habían presentado declaración de patrimonio en alguno de los años 2007, 2011 o 2012.

Otro criterio es el de aquellos sujetos que tenían una base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio superior a 500.000 euros. Y la última condición es que, a partir del ejercicio 2013, ya hubieran dejado de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio en Castilla y León.