Juan Vicente Herrera

Herrera logra de Nadal el compromiso de llevar la banda ancha a todos los pueblos

El presidente anuncia que gravará con un impuesto a Iberdrola y Endesa si desmantelan Garoña

El presidente Herrera y la consejera Pilar del Olmo se reúnen en Madrid con el ministro Álvaro Nadal y Daniel Navia
El presidente Herrera y la consejera Pilar del Olmo se reúnen en Madrid con el ministro Álvaro Nadal y Daniel Navialarazon

El presidente anuncia que gravará con un impuesto a Iberdrola y Endesa si desmantelan Garoña

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, arrancó el compromiso del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, de llevar, primero, la banda ancha de más de 30 megas a 900 escuelas del ámbito rural, y en el futuro a todo el territorio autonómico.

Así lo trasladó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que compareció en nombre de la Junta, tras el encuentro celebrado en Madrid.

Herrera le trasladó al ministro la «ambición» del Gobierno regional de que toda nuestra Comunidad tenga al alcance de la mano Internet de calidad.

Por ello, el jefe del Ejecutivo autonómico destacó que se haya desbloqueado un convenio para acercar las nuevas tecnologías a los pueblos, que se negocia hace tiempo y que podría suscribirse durante este año.

Además, Pilar del Olmo aseguró que se trata de una «muy buena noticia» que no estaba en el orden del día del encuentro, aunque Álvaro Nadal quiso expresar a los dirigentes castellanos y leoneses la intención de que la banda ancha llegue a todos los pequeños municipios de la Región.

Por otra parte, Herrera también trató con el ministro de Energía la situación actual del sector del carbón y la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.

Sobre este último punto, el presidente de Castilla y León trasladó al dirigente del Gobierno de España la intención de la Junta de gravar con un impuesto autonómico a Iberdrola y Endesa, empresas titulares de Garoña, si finalmente optan por desmantelar la infraestructura.

Al respecto, Del Olmo señaló que la intención del nuevo tributo es encarecer el cierre y que las empresas propietarias «se lo piensen mejor».

Asimismo, recordó que el Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para posicionarse sobre la central burgalesa y ahora se abre un tiempo de alegaciones en el que la Administración regional será «partícipe».

Mil empleos menos

La responsable regional de la cartera de Economía y Hacienda lamentó que el desmantelamiento de Garoña supondría la pérdida de un millar de empleos directos, «sin contar los indirectos», algo que «no nos podemos permitir en estos momentos».

Del Olmo también realizó una cerrada defensa de la energía nuclear y del carbón, ya que se trata de fuentes baratas para el ciudadano, para las empresas y para la competitividad de España. «De no existir el carbón o las nucleares, el recibo de la luz se dispararía a unos niveles superiores al 30 por ciento», subrayó.

La consejera enmarcó el problema en un ámbito «político nacional» que a su entender deberá derivar en un Pacto por la Energía entre todas las fuerzas con representación parlamentaria, informa Efe.

Fuentes del Ministerio afirmaron que «se trata de una competencia autonómica que no contradice la política energética del Gobierno» y declararon que en la toma de decisión la opinión de la Junta será «muy relevante».

Por último durante la reunión se analizó el papel del carbón en el mix energético nacional. Al respecto, Pilar del Olmo se mostró satisfecha porque el nuevo equipo del Ejecutivo central «tiene las ideas claras» y «defiende la minería». La consejera resaltó que en los últimos meses se ha quemado mayor cantidad de carbón autóctono, lo que beneficia a nuestras cuencas.

Inquietud por la central de Compostilla

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, expresó su «profunda preocupación» por el anuncio hecho público por el directivo de Enel en Italia sobre la posibilidad de cerrar la central térmica de Compostilla, en la localidad leonesa de Cubillos del Sil en 2020. Aunque indicó que esta medida «no puede depender del anuncio de una empresa», ya que «la política energética nacional depende del Gobierno de España y de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados».