Herrera ve «corrupción de personas» en las eólicas y pide «perdón por anticipado»

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, compareció ayer a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, para dar explicaciones sobre las informaciones que han aparecido en la prensa durante el último año, acerca de la querella que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción- «y que la Junta no conoce», apuntó Herrera-, contra 21 personas por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública, por el presunto cobro de comisiones en las autorizaciones de parques eólicos.

En su intervención, Herrera aseguró que lo que está investigando el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid apunta a una «corrupción de personas y no de instituciones o de administraciones», que se ha cometido al margen de los procedimientos administrativos cuya legalidad defendió. Al respecto, recordó la «avalancha» de solicitudes que recibieron entre 2005 y 2015 - más de dos mil-y que no se recibió ninguna denuncia sobre las condiciones ilegales que presuntamente se exigían para conceder la autorización.

También insistió en que el rechazo del juez a que la Junta se persone en el caso como perjudicada revela que, «no ha habido malversación de fondos públicos», y pidió en varias ocasiones perdón por anticipado, «porque si se demuestran estos delitos -dijo- estaríamos hablando de unos hechos muy graves; los mayor gravedad bajo mi mandato». Además, el presidente de la Junta reclamó una sanción contundente para los acusados si se demuestra que actuaron de forma irregular.

Mal uso de la avocación

Igualmente, Herrera mostró su plena confianza en la actuación del que fuera su consejero de Economía, Tomás Villanueva, cuando tuvieron lugar los hechos ilícitos; y defendió la legalidad de la figura de la avocación. Un procedimiento administrativo del que supuestamente se aprovechó Rafael Delgado, el principal implicado en la trama y ex número dos de Villanueva, para asumir plenos poderes y resolver las autorizaciones. En este sentido, Juan Vicente Herrera insistió en su comparecencia en que la vocación no ha sido el problema, «sino su mal uso».

Por otro lado, quiso dejar claro en varias ocasiones que él sólo tuvo conocimiento de los hechos que se investigan a partir de una información periodística publicada a nivel nacional el 20 de abril de 2015, en la que la Agencia Tributaria había detectado un movimiento de dinero «injustificado» y que relacionó con los permisos otorgados por Delgado a instalaciones eólicas.

En este sentido, defendió que solo la Agencia Tributaria y la Fiscalía disponen de capacidad y competencia para determinar estos movimientos infundados de capitales e iniciar una investigación, y destacó que, tras esa fecha, la Junta siempre se ha puesto a disposición de la Justicia ofreciendo su colaboración.

Finalmente, Herrera puso en valor la política llevada a cabo para «ordenar» la carrera que se produjo entre las regiones de la España autonómica por obtener los máximos réditos en inversión y empleo, y se apoyó en datos como que Castilla y León concentre el 24 por ciento del total de potencia instalada en España, con 5.600 megavatios. «Hemos sabido aprovechar el impulso de la energía eólica para el desarrollo industrial».

PSOE: «no se vigiló el charco de ranas»

A los grupos de la oposición no les convencieron las explicaciones de Herrera. Así, en el PSOE insistieron en que Herrera siempre estuvo al tanto de todo y Javier Izquierdo pidió su dimisión «por no vigilar el charco de ranas» que tenía a su alrededor. El podemita Pablo Fernández afeó al presidente su desconocimiento y que esté afectado por el «síndrome de la Infanta»; José Sarrión, de IU-Equo, acusó a la Junta de amparar «prácticas mafiosas»; y José Ignacio Delgado, de C’s, reprochó a Herrera que sólo declarase «vaguedades».