La Junta asegura que la tramitación de los parques eólicos se ajusta a la legalidad

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha asegurado que las autorizaciones para parques eólicos que investiga la Agencia Tributaria se ajustan a la legalidad, según un primer análisis de los expedientes realizado por técnicos de su departamento.

Villanueva se ha referido así a una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Agencia Tributaria, que ha elaborado un informe por el supuesto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos que habría supuesto pagos de 110 millones a autoridades públicas y empresarios por parte de las eólicas, según la información publicada este lunes por el diario El País recogidas por Europa Press.

Los expedientes a los que se refiere son los de 35 parques autorizados entre 2004 y 2007 y entre las personas que pudieron haberse beneficiado de esta situación estarían el que fuera viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado y el exconsejero delegado de la empresa pública Excal --dedicada a impulsar las exportaciones-- Alberto Esgueva, propietario de algunas empresas beneficiadas.

El titular de Economía y Empleo, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha asegurado que la Junta no ha tenido acceso a la denuncia, pero se ha puesto a disposición tanto de la Agencia Tributaria como de la Fiscalía o, si fuera necesario, del juzgado que corresponda, para poner a su disposición los expedientes administrativos a los que se hace alusión, ya que por el momento no se han solicitado a la Junta.

COMPARECENCIA EN LAS CORTES

Además, Villanueva solicitará de forma inmediata su comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar. Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, el consejero portavoz y de La Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha explicado que a pesar de que el Parlamento regional está disuelto desde finales del pasado mes de marzo, la comparecencia de Villanueva se puede realizar ante la Diputación Permanente de las Cortes.

Así mismo, De Santiago-Juárez ha aseverado que desde la Junta se remitirá "de forma inmediata"a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes que están siendo investigados.

TODOS LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS

Tomás Villanueva ha explicado que tras conocer la información se ha dado instrucciones a los servicios técnicos, que han revisado los expedientes para conocer su situación y se estudia la posibilidad de extender este análisis y control a todos los referidos a energía eólica tramitados por la Junta. De este primer análisis, ha explicado, los técnicos han trasladado que la tramitación administrativa ha sido "correcta", "ajustada a la legalidad", "a derecho"y se han cumplido los plazos.

PROCEDIMIENTO REGLADO

El procedimiento administrativo, según el consejero, es el que la Comisión Nacional de la Energía informó que se debe seguir en estos casos, es "largo, complejo, complicado", está regulado por Decreto y se inicia con la solicitud de los promotores para la ubicación en un lugar concreto de un parque eólico.

A este respecto, ha incidido en que la Administración, una vez que ha dado la autorización, no tiene participación ni relación alguna con esas operaciones, que es una cuestión que corresponde a empresas o particulares, y ha reiterado que la Junta, sus servicios técnicos y territoriales que tramitan estas autorizaciones lo han hecho corrección y transparencia.

El consejero ha incidido en que si alguna empresa se dirige a la Administración para hacer una solicitud se aplica la norma y se resuelve la autorización, lo que además conlleva una parte de tramitación medioambiental, ya que se requiere un informe sobre su impacto y, de ser negativa esta evaluación, no se podría autorizar.

A este respecto, ha asegurado que la Consejería nunca ha tenido una queja por el posible beneficio a empresas e incluso los empresarios han trasladado que se trataba de un procedimiento muy "transparente". Además, ha incidido en que nunca se han producido impugnaciones nada más que de tipo ambiental por parte de asociaciones ecologistas, todo ello a pesar de que el Boletín Oficial de Castilla y León publica hasta tres o cuatro veces el procedimiento que sigue cada autorización.

En cuanto a la figura de Rafael Delgado, el consejero ha recordado que trabajó con él muchos años y ha afirmado que es una persona "muy preparada, al tiempo que ha pedido respeto para las personas, a las que cree que no se puede "enjuiciar"antes. Por lo que se refiere a Esgueva, Tomás Villanueva ha aclarado que no se entra a conocer quiénes son los socios de las empresas que realizan las solicitudes, que además se registran en los servicios territoriales.

En este sentido, Tomás Villanueva ha aseverado que si hubiera tenido conocimiento de algún tipo de irregularidad, que no le consta, se hubieran tomado medidas.

TRANSPARENCIA

En cualquier caso, ha señalado que ha informado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien ha pedido una actitud de "transparencia y claridad", además de ponerse a disposición de cualquiera que lo investigue.

"La Administración puede explicar lo que ha hecho", ha añadido Tomás Villanueva, quien ha reiterado que el papel de la Junta acaba con la concesión de la autorización, tras lo que ha pedido respeto hacia las personas afectadas hasta que se aclare la situación por un lado y a la actuación de la Justicia, en la que ha manifestado su confianza.

El consejero, que dejará su puesto al final de presente mandato, ha recordado que ya tenía tomada la decisión de irse y que le hubiera gustado que no hubiera problemas, pero aún forma parte del Gobierno y por ello aclarará y explicará estas cuestiones y se determinará lo que corresponda.

Villanueva ha señalado que tiene "absoluta tranquilidad"y la disposición es de actuar con la mayor transparencia y colaboración y ha añadido que hubiera sido más fácil dirigirse a la Junta para pedir los expedientes y hubiera "dejado mejor"al Gobierno, pero intentará aclarar todo por "respeto"a la Institución y a los ciudadanos.

En cuanto a la cercanía de las elecciones y lo que pueda afectar este caso y el de la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, investigado judicialmente y en el que se ha llamado a declarar como imputado a Rafael Delegado, el consejero ha aclarado que pretende trasladar a la sociedad "tranquilidad"porque confía en la acción de la Justicia, aunque cree que hay que darle tiempo, y espera que la gente vea "lo mucho"que ha trabajado el PP en Castilla y León.