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Castilla y León

Castilla y León / Empresas

Recuerdan a las pymes su obligación de tener planes de prevención de delitos

  • Ocho de cada diez empresas carecen de ellos pese a establecerlo la Ley

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Pedro Pisonero, director general de Iberaval, interviene en la jornada con los empresarios agroalimentarios de Valladolid, en presencia de Ángel de Miguel, presidenta de la patronal, y de Carlos González, director de Arpa Abogados
Pedro Pisonero, director general de Iberaval, interviene en la jornada con los empresarios agroalimentarios de Valladolid, en presencia de Ángel de Miguel, presidenta de la patronal, y de Carlos González, director de Arpa Abogados
Dos Santos

El acoso laboral, acciones contra el medio ambiente o el uso indebido de datos son algunos de los delitos que puede cometer cualquier trabajador y que en la mayor parte de las empresas y sociedades no suelen tener en cuenta, aunque, como personas jurídicas que son puede salpicarlas gravemente, incluido su propia desaparición, si no cuentan con un plan de prevención de delitos que las pueda exonerar de la responsabilidad penal por el hecho.

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está preocupada por que en estos momentos ocho de cada diez empresas de la provincia, la mayoría pequeñas y medianas, carece de estos planes pese a que es obligatorio por Ley desde el pasado mes de julio.

Ahorrarse dinero y disgustos

Por este motivo, ayer organizaba, en colaboración con la sociedad de garantía recíproca Iberaval y Arpa Abogados, una jornada sectorial con empresarios del sector agroalimentario, para informarles y recordarles su obligación de contar con estos planes y que tomen conciencia de los riesgos que corren. «Se ahorrarán dinero pero, sobre todo, disgustos», apuntaba Ángela de Miguel, presidenta de la patronal vallisoletana.

De Miguel reconocía también que la mayoría de las sociedades no cuentan con estos planes por desconocimiento y porque no son conscientes de los cambios normativo que ha habido, e insistía en la importancia de que estén protegidas. «Más vale prevenir que curar, y especialmente en el ámbito penal, porque cuando el problema llega al despacho de abogados ya es tarde para evitarlo», decía.

Asimismo, apuntaba que de lo que se trata es de determinar si la acción delictiva es de una persona física o de un directivo. La presidenta de la CVE explicaba también que estos planes no son obligatorios para los autónomos, que tampoco son costosos y que son más fáciles de llevar a cabo de lo que parece. Y recomendaba a las empresas que busquen especialistas y consultoras «que hay muchas», decía, y que pidan presupuestos.

Desde Iberaval, Pedro Pisonero recordaba la necesidad de que las empresas cuentan con este plan de protección para quedar exonerados de cualquier responsabilidad tanto penal como patrimonial de los directivos, pero también «porque les dará tranquilidad».

Carlos González, director de Arpa Abogados, por su parte, explicaba que con este protocolo de actuación las empresas pueden abrir expedientes disciplinarios a los trabajadores o poner en marcha un sistema de denuncias interno de la propia empresa. «Es un escudo que defiende a las sociedades ante estas situaciones».

Finalmente, De Miguel destacaba que estos planes sirven también como elemento disuasorio, «ya que ayudarán a evitar que los delitos no lleguen a cometerse».

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