Cataluña

Cataluña insiste en el expolio con unas nuevas balanzas fiscales

La Generalitat sitúa el déficit de 2012 entre los 10.000 y los 14.000 millones de euros

Cristobal Montoro y Oriol Junqueras en la reunión que mantuvieron hace unas semanas
Cristobal Montoro y Oriol Junqueras en la reunión que mantuvieron hace unas semanaslarazon

La Generalitat sitúa el déficit de 2012 entre los 10.000 y los 14.000 millones de euros

Las balanzas fiscales son como el Guadiana. Aparecen y desaparecen de la esfera política con extrema facilidad. No en vano, buena parte de las aspiraciones soberanistas se basan en los cálculos de estas balanzas que arrojaron hace unos años la mágica cifra de los 16.000 millones de déficit fiscal. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Tal vez los estudios son cada vez más afinados y los 16.000 millones quedan cada vez más alejados. Aun así, según las cifras que ayer presentó la Generalitat, el déficit, con datos de 2012, es de 14.623 millones, un 7,5 por ciento.

Como de costumbre, las balanzas ficales se mueven en un terreno pantanoso entre la economía y la política. Para empezar, existen dos métodos de cálculo que cada uno esgrime en función de sus propios intereses. El sistema preferido por los soberanistas, carga-beneficio, contabiliza, a grandes rasgos, los impuestos que pagan los catalanes y lo que después devuelve el Estado en inversiones. De esta resta surgen los 14.623 millones. Mientras que el método del flujo monetario intenta incluir inversiones que, aunque no se realicen directamente sobre el territorio en cuestión, sí tienen una influencia. Como por ejemplo una caserna de la Guardia Civil en la frontera de Melilla con Marruecos o bien el AVE de Madrid a Barcelona ya que contabilizaría el total de la inversión y no sólo el tramo de la franja de Aragón hasta Barcelona. En este caso, la cifra es algo más moderada, 10.030 millones, un 5,1 por ciento del PIB. Tradicionalmente, esta cantidad oscilaba alrededor de los 8.000 millones, por lo que, según los datos de la Generalitat, los márgenes tienden a achicarse.

Así las cosas, según el método del flujo monetario, con los 14.623 millones sobre la mesa, el documento de la Generalitat asegura que Cataluña aporta el 18,4 por ciento del total de ingresos del Estado y recibe el 13,6 por ciento de su gasto total, incluyendo el de los ministerios, empresas públicas y Seguridad Social. Si se excluyese la Seguridad Social, el porcentaje se situaría en el 9,2 por ciento.Desde 1986, el déficit fiscal ha oscilado alrededor del 8 por ciento de media. No obstante, los años en los que el déficit se acentuó más fueron 1993 y 2002, en los que llegó al 10,1 por ciento. Por el contrario, en 2001 anotó su mínimo histórico con un 6,7 por ciento.

Con el segundo método de cálculo, carga-beneficio, el déficit fiscal se situaría en el 5,1 por ciento del PIB, y en cifras absolutas, equivaldría a los 10.030 millones de euros. En 2011, el estudio del Govern situó en el 7,7 por ciento del PIB el déficit fiscal, por lo que en un ejercicio se ha reducido en dos décimas.

Mientras, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estuvo de visita en Mallorca para estrechar lazos con la presidenta de las Baleares, Francina Armengol. Al fin y al cabo, a diferencia de años anteriores, Puigdemont ha encontrado mejores interlocutores que en tiempos pasados tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana. Esta misma semana se reunió con el presidente Ximo Puig para tratar, precisamente, temas de financiación autonómica en los que las balanzas fiscales juegan un papel fundamental.

De hecho, la presidenta balear anunció que los dos ejecutivos crearán una comisión bilateral y pondrán en marcha un grupo de trabajo sobre el modelo de financiación que liderará el economista menorquín, a la sazón, experto en balanzas fiscales Guillem López Casasnovas.

El punto de partida es que ambas comunidades comparten “una situación de infrafinanciación histórica desde el Gobierno de España” y aportan al sistema muchos más recursos de los que reciben, ha explicado Armengol, que ha señalado que el caso de Baleares se agrava por la insularidad.