Colau da la puntilla al sector hotelero

La alcaldesa de Barcelona consigue aprobar la prohibición de nuevos hoteles en el centro de la ciudad y un nuevo plan de vivienda.

Cuando Ada Colau ganó las elecciones municipales de Barcelona poco imaginaba lo que le iba a costar sacar adelante buena parte de su programa electoral. Entre la poca ventaja que le daban sobre sus adversarios sus exiguos once concejales, de 41, y la falta de experiencia política, la antigua activista se ha visto a menudo desbordada por los tiempos de la burocracia y los palos de ciego. Colau, recordemos, llegó al cargo con la promesa, entre otras, de poner freno al turismo descontrolado y desarrollar un plan de vivienda pública. Un año y medio más tarde, la alcaldesa ya tiene las dos herramientas que anhelaba. No sólo eso, parece que poco a poco le está cogiendo el pulso a la política. Al fin y al cabo, Colau aprobó la nueva moratoria hotelera, también conocida como Peuat (Plan urbanístico de alojamientos hoteleros), a su izquierda, con ERC, PSC y la CUP, y el plan de vivienda 2016-2025, a su derecha, con CiU y Ciudadanos.

El pleno municipal, por lo tanto, dio luz verde de forma definitiva el plan de alojamientos turísticos, que prohíbe, a grandes rasgos, la apertura de nuevos hoteles en el centro de la ciudad y los barrios adecentes para limitar la apertura de alojamientos turísticos a la periferia de la ciudad con condiciones. Es decir, el Peuat plantea dividir la ciudad en una zona de decrecimiento en la que no se podrán abrir nuevos alojamientos aunque cierren otros –la zona 1, representada en rojo en el mapa, que comprende Ciutat Vella, parte del Eixample, Poblenou, Vila Olímpica, Poble Sec, Hostafrancs y Sant Antoni–; una zona 2 de congelación, de color amarillo, en la que sólo se podrán abrir establecimientos nuevos si cierran alojamientos actuales; y las zonas 3 y 4, representadas en azul y verde, que contemplan el crecimiento limitado de hoteles.

El documento recibió el apoyo de BComú, PSC y ERC, la abstención de la CUP y los votos en contra de CiU, C ‘s y PP. Fruto del acuerdo del gobierno municipal con los republicanos, el plan incorpora un refuerzo de los inspectores para detectar pisos turísticos ilegales.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, defendió que se trata de un paso decisivo para la regulación del turismo: «Hace falta acabar con la barra libre que actúa sin control en la ciudad», dijo. Y celebró que ningún grupo municipal ponga en duda la necesidad de regular dónde se instalan los alojamientos turísticos. El portavoz de ERC, Jordi Coronas, justificó el voto favorable por los cambios que ha introducido en la negociación. «El plan es bueno», resumió Coronas. El presidente del PP, Alberto Fernández, dijo que el plan hotelero «frenará inversiones y puestos de trabajo» y que genera «inseguridad jurídica» a los promotores. Desde CiU, Jordi Martí apuntó que se han visto obligados a votar «no» porque el plan «es una mala herramienta que perjudica el presente de la ciudad y puede hipotecar su futuro». El concejal de Ciudadanos, Koldo Blanco, afirmó que el Peuat es «un plan prohibicionista y no una regulación sensata» y aseguró que no se conseguirá que vengan menos turistas en la ciudad. Pese abstenerse, la CUP tuvo un tono muy duro contra el gobierno y el plano. «Nuestra abstención no es un visto bueno sino el fruto de un chantaje», sentenció María José Lecha, quien añadió que: «Declaramos la guerra al crecimiento turístico y los proyectos hoteleros que amenazan barrios enteros», concluyó. A su vez, el plan de vivienda del gobierno de la alcaldesa fue aprobado gracias al apoyo de CiU y Ciudadanos. La aprobación de este plan implica también la fusión del actual Patronato Municipal de Vivienda y los servicios de vivienda de Bagursa para crear un nuevo Instituto Municipal de Vivienda. La nueva empresa construirá 8.800 pisos en 10 años. El parque de alquiler sumará, además, otras 4.500 viviendas construidas por entidades y cooperativas en suelo municipal y 5.000 más procedentes de compras y cesiones de particulares de pisos vacíos en la actualidad. El nuevo instituto empezará a funcionar en junio del 2017. Al respecto, el presidente del PP denunció que el plan «recorta la inversión», ya que prevé 2.973 millones en nueve años, frente a los 3.400 millones en ocho del plan anterior, «100 millones menos cada año».