Colau dedicará un millón al año a proteger las tiendas emblemáticas

El próximo mes de marzo finaliza la suspensión de licencias de obras y actividades comerciales que decretó Trias para proteger a los stablecimientos emblemáticos de la ciudad. Ante esta situación, el nuevo gobierno de Ada Colau tiene previsto llevar a aprobación definitiva al plenario del próximo día 26 el Plan Especial de Protección de la calidad urbana en la ciudad, que incluye el catálogo de protección arquitectónico, histórico y paisajístico de los establecimientos emblemáticos.

En este sentido, ayer la primera teniente de alcalde Janet Sanz señalaba que «la suspensión vigente no puede quedar en el aire; necesitamos un plan de protección de los establecimientos emblemáticos y esperamos que hagan sus aportaciones todos los grupos municipales para su aprobación». Todo esto tendrá un coste aproximado de un millón de euros anuales.

Este nuevo documento, mediante el cual se pretende proteger y conservar los comercios históricos de Barcelona que aportan valor patrimonial, identidad cultural y singularidad a la ciudad, rebaja el número de establecimientos emblemáticos a un total de 211, cuando en el plan de Trias eran 228, los cuales están distribuidos en tres categorías según su nivel de protección.

Tres categorías

Así, determina 30 establecimientos de gran interés, los cuales conservan la mayoría de sus elementos patrimoniales y por lo tanto las actuaciones permitidas irán encaminadas a su conservación integral y recuperación; 127 establecimientos de interés, los cuales han perdido parte de su cohesión inicial; y 52 de interés paisajístico, que definen determinado ambiente o paisaje urbano. La filatelia Monge y la chocolatería Farga mantienen su disposición adicional.

Pero además, al margen de las medidas destinadas a preservar el patrimonio artístico y arquitectónico, el nuevo plan contempla una serie de iniciativas orientadas a proteger de forma más directa la actividad de estos comercios, algunos de ellos muy golpeados económicamente por la entrada en vigor de la Ley de arrendamientos urbanos, que ha supuesto el incremento sustancial de los alquileres poniendo en riesgo esos negocios.

«Proponemos una parte, la urbanística, para proteger el valor arquitectónico para que cualquier actividad que se desarrolle en estos comercios garantice el mantenimiento de sus elementos singulares», comentó Janet Sanz para a continuación añadir que «también hay medidas económicas para preservar, no sólo el patrimonio arquitectónico, sino la actividad».

Estas medidas de carácter novedoso son las bonificaciones sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para facilitar así que se lleven a cabo las reformas y rehabilitaciones necesarias en estos establecimientos sin gran perjuicio económico para sus propietarios, las cuales serán de entre un 50 y 35% en función del nivel de protección del comercio; las subvenciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pueden alcanzar hasta un 50% del total de la cuota, así como las subvenciones dentro de la campaña para la protección y mejora del Paisaje Urbano.

Paralelamente, el Plan propone poner especial énfasis en el trabajo de asesoramiento empresarial y de las acciones de apoyo en material de cultura y comercio que se lleva a cabo desde Barcelona Activa desde el anterior mandato. Para poder llevar a cabo estas medidas, el ayuntamiento destinará un millón de euros anuales.

Además se implementarán acciones a través del portal www.rutaemblematics.cat donde se incluirán visitas virtuales a los localescentenarios y sus rutinas. También se quieren utilizar otros recursos como visitas guiadas desde el programa «El comerç i les escoles».

En cualquier caso, el ente municipal está relativamente limitado para actuar sobre la protección de la actividad de estos comercios debido al marco legislativo vigente. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona no descarta nuevas vías de acción. Tal y como avanzó ayer el regidor de comercio, Agustí Colom, «se están llevando a cabo estudios para ver si modelos como el de París, que incide de forma más directa sobre la actividad de estos establecimientos, son aplicables en nuestro contexto legislativo».