Colau negocia la compra del «banco expropiado» para los okupas

Sindicatos de los Mossos, entidades vecinales, Generalitat y Gobierno. En lo que coinciden todos ellos es en que la llave que puede desbloquear el conflicto que se vive en Gràcia sólo la tiene el Ayuntamiento de Barcelona. Pero su alcaldesa, Ada Colau, no la encuentra.

Ha intentado negociar con el movimiento del Banc Expropiat, pero se ha estampado con la férrea negativa de sus okupas. No aceptan siquiera un local alternativo en el que poder desarrollar su función social, ofrecido desde el consistorio. Ni cualquier otra opción que no sea «reokupar» la antigua sucursal bancaria. Por ello, el siguiente paso que ha dado el gobierno municipal ha sido contactar con su legítimo propietario, el empresario inmobiliario Manuel Bravo Solano, con la idea de comprar el local.

Ésa fue la idea que lanzó ayer en BTV la teniente de alcalde Laia Ortiz para sorpresa del resto de portavoces municipales que le acompañaban en el plató. Ortiz explicó que el lunes se reunió con Bravo para negociar la compra del «Banc Expropiat» «a un precio razonable», ya que fue adquirido «a un precio de saldo» por su empresa Antartic Vintage. La oposición criticó en bloque la propuesta y afeó que con ella se «cede al chantaje de los okupas» y se da la razón a los que «reivindican con la violencia».

Tan criticado fue el consistorio de Colau por querer solucionar el conflicto a lo Xavier Trias –investigado por pagar 65.000 euros de alquiler a los okupas de Can Vies– que enseguida dio marcha atrás. El encargado de hacerlo fue el concejal de BComú en el distrito de Gràcia, Eloi Badia, que matizó: «Planteamos que pudiera haber una iniciativa ciudadana que capitalizara la compra del Banc Expropiat, con el Ayuntamiento con un papel de avalador», pero que dado el «precio desorbitado» que pide su propietario, «más de medio millón de euros», se desestimó la propuesta.

Badia, sin embargo, no detalló cuáles son las entidades del barrio que están dispuestas a pagar por recuperar el local. Lo que sí se conoce es que el movimiento del Banc Expropiat no aplaude la compra, ya que eso significaría enriquecer al «especulador Bravo Solano», y que la única forma de parar los disturbios es volver a «okuparlo». De hecho, el siguiente paso que han dado para conseguirlo es convocar en Twitter un escrache contra Solano para el próximo jueves.

Tal fue el revuelo que se montó ayer con el asunto, que Ada Colau también tuvo que salir al paso y desmentir a través de una red social que el consistorio pensase en esta opción: «El Ayuntamiento no se ha planteado en ningún momento comprar el local desalojado en Gràcia. Seguimos trabajando en una solución del consenso», publicó ayer. Y el Gobierno le contestó, en boca de Soraya Sáenz de Santamaría, que si piensa en utilizar los impuestos de los ciudadanos para contentar a los okupas es que «ha perdido el norte».