Colau se retira de trece procesos penales contra «activistas sociales»

La imagen de Mireia Arnau suplicando a unos vándalos que no atacaran la tienda de ropa infantil de la que era encargada durante los altercados de la huelga general del 29 de marzo de 2012 dio la vuelta al mundo. Fue portada del «The Washington Post» de la mano del fotógrafo Emilio Morenatti que ganó el Ortega y Gasset de periodismo por la instantánea en la que captó el miedo que vivió esta mujer cuando unos jóvenes con un martillo trataban de reventar los cristales del aparador. Una docena de personas permanecen aún hoy imputadas en las causas que siguen abiertas por quemar contenedores y prender fuego a una cafetería de la cadena Starbucks de la Ronda Sant Pere, donde también estaba la tienda de ropa infantil en la que trabajaba Mireia.

El Ayuntamiento de Barcelona, que actuaba como acusación en siete procesos penales abiertos por desórdenes públicos, daños, lesiones y atentados contra la autoridad se ha retirado de cuatro de ellos. Después de que la Generalitat retirara también su acusación, como parte del peaje que pagó Junts pel Sí a la CUP para facilitar la investidura de Carles Puigdemont, sólo queda la Fiscalía como única parte acusadora.

El Ayuntamiento de Barcelona respondió a una pregunta del grupo municipal del PP que se retira de 13 de los 20 procesos penales que tenía abiertos por desorden público, daños, lesiones y atentados a la autoridad desde que Ada Colau anunció que no se personaría en los casos en los que ya lo hiciera la Fiscalía.

El presidente del grupo municipal del PP, Aberto Fernández, detalló ayer que además de las causas por la huelga general del 29 de marzo de 2012, el Ayuntamiento se retira de cinco procesos penales por desorden público tras el desalojo de Can Vies y de otro por los disturbios que tuvieron lugar durante las manifestaciones de la huelga general de 14 de noviembre de 2012. Durante esos altercados, Esther Quintana perdió un ojo después de recibir el impacto de una pelota de goma que dispararon los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

También abandona el proceso penal abierto por incidentes durante la manifestación del 29 de febrero de 2012 organizada por sindicatos de estudiantes. En junio, Colau ya anunció que se retiraba del proceso por el que la Fiscalía pedía 8 años y nueve meses de cárcel a dos estudiantes, Ismael Benito y Daniel Ayyash, a los que se acusaba de haber participado en actos vandálicos durante la jornada de huelga general del 2012 en Barcelona. En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona, entonces presidido por Xavier Trias, solicitaba para cada uno de estos estudiantes, cuatro años de cárcel, mientras que la Generalitat, a su vez, les pedía 3 años y medio. Los jóvenes tenían el apoyo del sindicato Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), del que formaban parte, y de diversos sindicatos obreros, que vieron en el caso una forma de represión contra el derecho de huelga.

El Ayuntamiento mantiene su acusación en siete procesos penales, los tres por la huelga general del 29 de marzo, más otro por la huelga general del 14 de noviembre, dos por Can Vies y otro por atentados contra agentes de la autoridad, desorden público y desobediencia durante la celebración del campeonato del mundo del Barça en 2012.

Fernández preguntó si la voluntad es retirarse también de estas siete causas, tras reivindicar que el Ayuntamiento se debe personas en hechos graves que hayan generado alarma social y afectado a la convivencia y la seguridad. Mientras el Govern repensó su acusación tras el pacto con la CUP, el Ayuntamiento lo hace por convicción.