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La Fiscalía actuará si la Generalitat compra las urnas para la consulta

Moncloa advierte a funcionarios y empresas que hay que cumplir los mandatos del TC.

  • El ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (i), y la ministra de Empleo, Fátima Báñez (d), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
    El ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (i), y la ministra de Empleo, Fátima Báñez (d), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Carmen Morodo.  Barcelona.

Tiempo de lectura 4 min.

05 de mayo de 2017. 22:44h

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El Gobierno advirtió ayer a políticos, funcionarios y empresas que están obligados a cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) y la ley, y que, por tanto, deben atenerse a las consecuencias que pueden derivarse de incumplir el marco legal vigente. La Fiscalía actuará en cuanto el anuncio de la Generalitat de la compra de las urnas deje de ser un anuncio y se convierta en un hecho con valor jurídico. De momento la Generalitat sólo ha anticipado que tiene previsto licitar en breve la adquisición de unas 8.000 urnas destinadas al referéndum independentista que pretenden celebrar en septiembre. No hay todavía una decisión ejecutiva, pero en cuando la haya, si la hay, será la Fiscalía la que inicie diligencias contra el incumplimiento del mandato constitucional, «afecte a quien afecte».

En Moncloa creen que este anuncio, un «anuncio de un anuncio», no es más que una estrategia política dirigida a «entretener» al independentismo y distraer la atención del conjunto de actores políticos y de los ciudadanos, mientras que en realidad lo que están haciendo es prepararse para unas nuevas elecciones autonómicas. Éste es el análisis que hacen en medios gubernamentales del anuncio de la Generalitat, aunque, al mismo tiempo, se prepara la respuesta jurídica para el caso de que el anuncio de la compra de las urnas se convierta en una decisión ejecutiva. En el Gobierno insisten en que el incumplimiento de las decisiones del TC tiene consecuencias no sólo para los políticos, sino también para funcionarios y empresas.

El Gobierno ha ido asfixiando jurídicamente la ofensiva soberanista de la Generalitat, vía recursos y requerimientos derivados del posicionamiento claro del TC en contra de la consulta independentista. Lo ha hecho, por ejemplo, con los Presupuestos, siguiendo la doctrina de oponerse a cualquier ley del Gobierno autonómico o del Parlamento que incida en la celebración de ese referéndum que considera ilegal.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió ayer de que la Fiscalía actuará si la Generalitat da pasos para organizar un referéndum independentista, como puede ser la compra de urnas, porque ha sido prohibido por el Constitucional en un auto que vincula a dirigentes políticos, a funcionarios y a empresas. «De momento sólo se trata de un anuncio de un anuncio para licitar la compra de urnas. Pero el Ministerio Público tomará medidas si se convierte en un hecho. En un auto del pasado 14 de febrero el TC ya dijo con claridad que impediría la celebración de cualquier referéndum, y vinculó esa prohibición tanto a dirigentes políticos como a funcionarios y empresas», recalcó el también titular de Educación.

El ministro portavoz llamó a la responsabilidad y a la cordura, bajo la advertencia de que no es posible saltarse la ley sin consecuencias ni ignorar los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias o el informe de los letrados del Parlamento de Cataluña para «seguir en una huida hacia adelante que no lleva a ninguna parte a los catalanes» insisten en medios gubernamentales. «En un Estado de Derecho hay que cumplir siempre la ley porque si no estaríamos en la jungla», sentenció Méndez de Vigo.

En cualquier caso, el Gobierno sigue inclinándose por la hipótesis de que la Generalitat, no llegará ni siquiera a convocar el referéndum porque no tendrá a su alcance la infraestructura y la logística necesaria para intentar llevarlo a cabo. Hay miedo entre las empresas a las consecuencias de colaborar en «una ilegalidad», y la impresión que hay en medios gubernamentales, que se sostiene incluso en «contactos» que se han producido, es que todas las posibles interesadas en el proyecto se tientan la ropa antes de embarcarse en una aventura que puede traerles graves consecuencias para su futuro. Hay miedo a firmar las órdenes ejecutivas que tengan como objeto impulsar la consulta ilegal y hay miedo también por parte de las empresas y de la iniciativa privada a la hora de implicarse en «un proceso ilegal».

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