Cataluña

Cataluña acepta el control de sus facturas y Hacienda le da 319 millones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministroslarazon

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que a partir se abonarán a Cataluña 319 millones a cargo del Fondo de Liquidez Autonómico de noviembre, de los cuales 101 millones serán para el pago directo a los proveedores farmacéuticos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que Cataluña ya ha comenzado a cumplir las exigencias específicas para recibir el Fondo de Liquidez Ordinario (FLA) a tipo de interés cero, entre ellas la de someterse a un control diario de sus facturas por parte del Ministerio de Hacienda. Estas nuevas exigencias son consecuencia de la deriva secesionista y de la voluntad expresada por los líderes de Juntos por el Sí de no acatar el orden constitucional. En consecuencia, el Gobierno ha dado luz verde a la transferencia de otros 319 millones de euros para la Generalitat con el fin de atender, por ejemplo, el pago de la deuda que tiene acumulada con las farmacias.

La Generalitat ha tenido que entrar en el llamado FACe, el registro de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Esto supone que la comunidad debe informar diariamente desde el registro contable a FACe del estado de tramitación de cada factura recibida en dicho registro contable, según la orden ministerial que lo regula. De los 319 millones que recibirá la Generalitat a cargo del FLA ordinario de noviembre, un total de 101 millones serán para el pago directo a los proveedores farmacéuticos, y otros 200,16 millones irán para atender vencimientos de deuda.

Asimismo, 7,1 millones serán para conciertos sanitarios, 6,8 millones para pago de intereses y 4,1 para subvenciones a entidades locales, según el detalle difundido por Hacienda. Las principales beneficiadas son las farmacias, que desde ayer empezaron a cobrar directamente del Tesoro del Estado, según explicó la vicepresidenta, «una vez que la Generalitat ha empezado a cumplir con sus obligaciones». Sáenz de Santamaría garantizó que el Gobierno seguirá cumpliendo con sus obligaciones si la otra parte hace lo mismo con las suyas. El pago de noviembre del FLA repartirá entre todas las comunidades un total de 874,9 millones de euros, de los que 319,3 corresponden a Cataluña. En total, a cierre del mes de noviembre se habrá satisfecho con cargo al FLA hasta 27.671,90 millones de euros, lo que representa el 91,65 por ciento de la asignación ordinaria en 2015, que asciende a 30.191,5 millones de euros. Mientras la Generalitat cumple con las reglas para poder acceder a la financiación del Tesoro, las declaraciones políticas siguen cultivando el victimismo.

Ayer, el presidente en funciones Artur Mas proclamó que solicitar el dinero del FLA es como «pedir caridad». En ese reparto de papeles, por un lado se someten a la legalidad vigente; por otro, siguen cuestionándola y alimentando el enfrentamiento. Mas declaró que le parece «vergonzante» que Cataluña tenga que ir a pedir «caridad a final de mes» para que el Gobierno devuelva en forma de crédito el dinero necesario para financiar un sistema público «infradotado».

De lo que no habla Mas es del hecho de que su desastrosa gestión económica ha llevado a la Generalitat a tener que sobrevivir de la inyección permanente de liquidez que le suministre el Estado. Cataluña cerrará 2015 con un desfase del déficit del dos por ciento del PIB frente al 0,7 por ciento fijado por Hacienda. Y con las agencias de calificación acreditando la consideración de bono basura de la deuda catalana, después de que en esta legislatura se haya disparado hasta los 65.000 millones de euros.

En total, Hacienda autoriza este mes de noviembre el pago de 220,3 millones de euros directamente a proveedores de Cataluña (112,3 millones en total), Comunidad Valenciana (58,1 millones), Castilla-La Mancha (24,4 millones), Murcia (16,3 millones), Cantabria (8,8 millones) y Madrid (193.000 euros).