Caso Palau

El Govern no constató el saqueo del Palau pese a detectar irregularidades

Los peritos de la Generalitat aseguran que la estructura de la entidad «permitió el expolio»

En la imagen, el ex presidente del Palau Fèlix Millet, antes de unas de las sesiones de juicio
En la imagen, el ex presidente del Palau Fèlix Millet, antes de unas de las sesiones de juiciolarazon

Los peritos de la Generalitat aseguran que la estructura de la entidad «permitió el expolio».

El juicio por el caso del expolio millonario de las cuentas del Palau de la Música protagonizado por el ex presidente de la entidad Fèlix Millet y su ex mano derecha Jordi Montull, siguió ayer con las declaraciones de más peritos. Concluyeron, en parte, que la particular estructura del emblemático organismo, dividida entre la Fundació Privada del Orfeó Català, el Consorci del Palau –la única parte con dinero público– y la Associació Orfeó Catalá, facilitó el supuesto millonario desfalco.

Explicaciones

Declararon ayer como peritos los responsables de la Intervención General que analizaron el desvío de fondos , Josep Maria Portabella y Mireia Vidal. Eran los encargados del organismo que vehiculaba las ayudas públicas de las administraciones a la entidad cultural. De sus explicaciones se desprende que esta intervención de la Generalitat, que auditó las cuentas del Palau desde 2002, detectó irregularidades en la contratación y justificación de las subvenciones públicas, aunque no descubrieron el millonario expolio.

Este informe de la Intervención General concluyó que los ex responsables del Palau se embolsaron entre los años 1998 y 2009 un total de 3,6 millones de euros de los fondos públicos de los que se alimentaba la entidad, mediante reintegros en efectivo y pago de obras en los domicilios de Millet y Montull, entre otros gastos particulares.

Hasta el año 2002, el control de las cuentas del Consorcio correspondía al Ayuntamiento de Barcelona, por ser la administración que más fondos aportaba al Palau, pero a partir de entonces fue la Generalitat quien asumió la inspección, al haber cambiado las mayorías en el seno de la entidad, sin que nunca se constataran indicios del desvío.

Portabella admitió que en las auditorías que la Generalitat llevó a cabo de las cuentas del Palau se habían detectado «defectos formales» en la contratación personal, así como otros «problemas» por la falta de justificación de subvenciones, siempre según su opinión.

Pese a ello, las sucesivas auditorías no descubrieron el saqueo por parte de Millet y Montull, que se embolsaron de 2,4 millones de euros de la entidad mediante reintegros en efectivo y también pagaron con fondos públicos obras en sus domicilios y viajes particulares.

«¿Cómo es posible que no se observaran durante todos esos años las irregularidades», preguntó con intención el fiscal Emilio Sánchez Ulled, a lo que Portabella atribuyó a la citada «estructura» del Palau.

Esa estructura, añadió, constaba de «tres personas jurídicas diferentes, con presupuestos diferentes y dos de ellas con auditor diferente», un complejo sistema a lo que se sumaba, en su opinión, el hecho de que dos de las tres entidades que constituían el Palau eran privadas. «El problema es que la cúpula era la misma», dijo, y justificó que la Intervención no se percatara del saqueo en que los auditores solo comprobaban «documentalmente» la gestión económica de la entidad.