La Generalitat ve «torticero» que el Gobierno recurra su reforma exprés

Insta al TC a anular la suspensión del precepto que allana la aprobación del referéndum.

Tres días después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiese la reforma exprés del Reglamento del Parlament, tras la impugnación del precepto por el Gobierno, la Generalitat recurrió ayer en súplica ante el Alto Tribunal esa iniciativa, que considera «torticera» y abusiva y que, según los letrados del Ejecutivo catalán, supone una «injerencia ilegítima» en el funcionamiento de la Cámara autonómica.

En su escrito, la Generalitat critica que el Gobierno haya planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que allana el camino a la aprobación de una ley que avale la consulta independentista. Y es que con ese cambio normativo un único grupo parlamentario puede solicitar la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única y no, como hasta ahora, con el consenso de todos los grupos de la Cámara.

El único objetivo del Gobierno –se quejan los letrados del Ejecutivo catalán– es impedir una aprobación exprés de la futura ley del referéndum. Un impugnación que, denuncian, supone un «abuso de derecho» por parte del presidente del Gobierno, «que incurre en una manifiesta desviación de poder al utilizar ese privilegio procesal (tras la última reforma de la ley reguladora del TC, la iniciativa acarrea la suspensión inmediata de la medida impugnada) para finalidades preventivas».

Según el Gobierno catalán, la actuación del Ejecutivo de Rajoy es «desproporcionada» e «injustificada» teniendo en cuenta que la lectura única para las proposiciones de ley es una figura «reconocida y practicada en los reglamentos de las cámaras legislativas de las 17 comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados y en el Senado» que cuenta además, añade, «con el reconocimiento del TC en cuando a su adecuación a la Constitución».

El Gobierno de Puigdemont califica el recurso del Ejecutivo central de «desviación de poder» y le reprocha que recurra a ese privilegio procesal «para intentar impedir, sin necesidad de motivarlo, que el Parlamento de Cataluña pueda dotarse de un reglamento según sus propias opciones legislativas». Para la Generalitat, la suspensión de la reforma del pasado 26 de julio (que atañe únicamente al apartado segundo del artículo 135 del reglamento) acarrea un «daño injustificado a la autonomía parlamentaria» de la Cámara catalana. La medida, denuncian además, es «antisocial» al tratarse de una «injerencia ilegítima en el funcionamiento de una cámara parlamentaria que representa la voluntad de los ciudadanos de Cataluña».

Los letrados de la Generalitat creen que, tras la reforma de la LOTC, el presidente del Gobierno está haciendo un uso «injustificado y desproporcionado « de los mecanismos de impugnación ante el máximo garante de la Constitución «para provocar la suspensión de disposiciones manifiestamente legítimas». El Gobierno, subrayan, realiza «un verdadero juicio de intenciones» sobre la aplicación futura de ese precepto por parte del Parlament en el proceso soberanista. «El recurso se funda no en la inconstitucionalidad del texto normativo impugnado, sino en la presunción de su futura aplicación a un supuesto determinado».

A partir de ahora, el Tribunal Constitucional dará traslado a las partes para que se pronuncien respecto a la admisión a trámite del recurso de súplica de la Generalitat y, en su caso, los magistrados estudiarán la petición de dejar sin efecto la providencia del TC que suspendió la reforma reglamentaria y de inadmitir el recurso del Gobierno.