Cataluña

El juez manda a juicio a Millet y Montull por el saqueo del Palau

Fèlix Millet (d), acompañado de su mano derecha Jordi Montull (i), y el abogado Pau Molins(c).
Fèlix Millet (d), acompañado de su mano derecha Jordi Montull (i), y el abogado Pau Molins(c).larazon

El juez que investiga el expolio del Palau de la Música ha dado hoy por finalizada la instrucción del caso, iniciada hace 6 años, y ha decretado la apertura del juicio oral que llevará a sentarse en el banquillo de los acusados a un total de 16 personas, entre ellas Fèlix Millet y Jordi Montull.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona emplaza a las defensas de las 16 personas imputadas a que presenten escrito de defensa en un plazo de diez días para responder a las acusaciones y mantiene intactas las medidas cautelares, entre ellas el embargo de 15 sedes de CDC, partido al que mantiene como "responsable civil como partícipe a título lucrativo".

Además de Fèlix Millet y su mano derecha en el Palau de la Música, Jordi Montull, el juez lleva al juicio, que se celebrará en la Audiencia de Barcelona, a la hija de este último, Gemma Montull, a la ex directora general del Palau, Rosa Garicano, al ex tesorero de CDC Daniel Osácar y al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura.

Los otros imputados que se sentarán en el banquillo son el también directivo de Ferrovial Juan Elizaga, los empresarios Miguel Jiménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén y Ramon Marc Martí, los abogados Raimon Bergós Civit y Santiago Llopart, y el asesor fiscal Edmundo Quintana.

A estas 16 personas, el juez instructor las considera responsables "criminal y civilmente"del expolio del Palau de la Música, que fue registrado por orden judicial hace seis años.

El juez también imputa como responsables civiles subsidiarios a Marta Vallés y Mercedes Mir, esposas de Millet y Montull, y las hijas del primero Clara Millet y Laila Millet, además de CDC, como responsables civiles como partícipes a título lucrativo.

También mantiene como responsables civiles subsidiarios a once empresas que trabajaron para el Palau de la Música -Bonoima SL, Aysen Producciones 46 SL, Aurea Rusula SL, Febrero Marzo SL, Belfort Baix SL, New Letter Market Directo SL, Letter Graphic SL, Mail Rent SL, Altraforma, Hispart SA y Publiciutat SL- y a la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música.

En su auto de apertura de juicio oral, el juez mantiene todas las medidas cautelares acordadas contra los imputados

El fiscal solicita 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull y otros siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, al que reclama veinte millones de euros, al tiempo que plantea el decomiso de 6,6 millones a la formación nacionalista.

El fiscal acusa a Millet y Montull de apropiarse de fondos públicos y privados del Palau de la Música y de conformar un "entramado delictivo"junto a Ferrovial y cargos de CDC para la "financiación ilícita"de la formación política entre los años 1999 y 2000, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciutat de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro.

La instrucción del "caso Palau"concluyó en junio de 2013, pero la Audiencia de Barcelona reabrió casi un año después la causa para ordenar la imputación de varios empresarios que supuestamente cargaron a la entidad musical obras realizadas en las casas de Fèlix Millet y Jordi Montull.

El archivo de la causa iniciada contra el ex diputado de CDC Jaume Camps por prescripción de los hechos que se le imputaban, y el posterior recurso presentado por la Fiscalía, han demorado la conclusión de la instrucción del caso.

Una denuncia anónima del año 2002 dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña ya alertó inicialmente del desvío de fondos en el Palau de la Música.

Pese a las irregularidades contables que fueron detectadas en el Palau de la Música, no fue hasta 2009 cuando la Fiscalía presentó una querella por apropiación indebida y falsedad contra Millet y tres de sus colaboradores, una investigación que acabó destapando un entramado de presunto cobro de comisiones por adjudicaciones y financiación ilegal de CDC.