El PP denuncia la «trampa» de la congelación del IBI de Colau

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, anunció esta semana su intención de congelar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2016, una medida que no depende exclusivamente del gobierno municipal, sino que precisa la mayoría del pleno. La primera reacción llegó ayer.

El líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, criticó ayer este «anuncio trampa» del gobierno Colau, mientras revisa los valores catastrales para la ciudad.

«Cuando anuncia la congelación del IBI, consolida los incrementos fiscales» promovidos durante el anterior mandato, liderado por el ex alcalde Xavier Trias, avisó en rueda de Prensa Alberto Fernández, que resaltó que este incremento fue del 25 por ciento.

Señaló que en 2014 el Consistorio recaudó 626 millones de euros a través del IBI, lo que representó alrededor de la mitad de los ingresos tributarios del Ayuntamiento, por lo que el anuncio de congelación dice que debe hacer «temblar».

El dirigente popular defendió las políticas propuestas por el PP de bonificar el impuesto al 50 por ciento para las personas viudas con ingresos inferiores a los 900 euros, y de entre el 60 y el 90 por ciento para familias numerosas, monoparentales y con hijos con discapacidad.

El Ayuntamiento anunció que había solicitado formalmente al catastro de Cataluñaa que haga una actualización general de los valores catastrales para Barcelona a lo largo de 2016 con el objetivo de que sean «más justos».

Después de que el fondo propietario de la Torre Agbar, Emin Capital, asegurara el viernes que podría convertirla en un hotel de lujo, Alberto Fernández criticó que «las decisiones del Gobierno municipal no se sostienen ni 24 horas», ya que promovió una suspensión de licencias de alojamientos turísticos en julio, a la que aseguran que no se hicieron excepciones.

El líder popular pidió a la alcaldesa que «se dé cuenta de las contradicciones de su gobierno», y advirtió de que estas decisiones dan una imagen de insolvencia municipal y de falta de garantías para posibles inversores.

La intención de Colau es no aplicar la subida del 10 por ciento que tenía prevista Trias. Estas medidas se enmarcan en la revisión del catastro que emprenderá el Consistorio el año que viene, y que el Ayuntamienro prevé que favorezca a los barrios con un menor nivel económico.

El último catastro de Barcelona se hizo en 2001, y el objetivo final de la revisión que ahora quiere emprender el Consistorio «no es incrementar la recaudación, sino conseguir una distribución del impuesto más justa», según explicó el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. «Previsiblemente tendrá un impacto más favorable a los barrios con crisis», añadió.