El PP exige retirar las multas por no rotular en catalán

El Govern impuso 17 sanciones por valor de 20.700 euros en Barcelona.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, pidió ayer a la alcaldesa Ada Colau que inste a la Generalitat a «dejar sin efecto las 17 denuncias por no rotular los comercios en catalán en Barcelona», que ascendieron a 20.700 euros en 2015. En un comunicado emitido ayer, aseguró que «estas sanciones son puramente ideológicas y no vienen motivadas por ninguna infracción», y lamentó que las multas se sumen a otras trabas burocráticas que afectan al desarrollo de la actividad económica.

«Defendemos la libertad de comercio. Rotular en una lengua oficial no puede ser sinónimo de sanción. Que un comercio rotule sólo en castellano, igual que si lo hace sólo en catalán no perjudica al consumidor», argumentó.

El pequeño comercio y la hostelería son los sectores más castigados por las multas lingüísticas. En 2015, el Govern impuso en toda Cataluña 68 multas, que se traduce en 140.000 euros. El PP catalán denunció que el importe de las sanciones lingüísticas ha aumentado un 173 por ciento en el último año. De hecho, en 2014, con 57 empresas sancionadas, el Govern obtuvo algo menos, 51.300 euros.

Las multas lingüísticas se ponen, sobre todo, a pequeñas empresas y comercios por no rotular o no tener alguno de los servicios que ofrecen en catalán. La hostelería es uno de los sectores más penados si se suman los dos últimos años que aparecen detallados en la respuesta parlamentaria. En 2014, sumó la mitad de las sanciones, 25.600 euros de los 51.350 euros que ingresó la Generalitat por este concepto. Sin embargo, en 2015, las multas fueron más repartidas, el sector hostelero pagó 8.600 de los 140.000 euros recaudados. El comercio al detalle, 32.600.

La familia Moreno es una de las afectadas por la política lingüística de la Generalitat. En 2008, un inspector de la Agencia Catalana de Consumo entró en la tienda de muebles y decoración que la familia de Rafael Moreno, de madre catalana y padre cordobés, tiene en Sant Adrià del Besòs y no precisamente para interesarse por un sofá. Venía a informar de que el establecimiento iba a ser sancionado por no rotular en catalán. Lo que llamó la atención del inspector no fue el nombre del negocio, «Tresimodern», que no es ni castellano ni catalán, sino unas letras de PVC de tamaño discreto con dos lemas para atraer a la clientela: ««El diseño marca la comodidad» y «la calidad tiene un nombre». Por estos eslóganes y detalles menores como que la información de un mueble hecho en Zaragoza venga en castellano y no en catalán esta familia recibió una multa de 1.260 euros.

A Moreno le parece injusto el motivo de la multa. Tampoco ha cambiado los rótulos «porque el negocio no da para gastar 600 o 700 euros en cambiar unas letras que están en perfecto estado». Además de esta tienda de Sant Adrià, donde el 90 % de los clientes que entran se dirigen en castellano, la familia tiene otras dos tiendas de muebles.

La de Ripollet tiene un rótulo con letras de 300x400. Cambiarlo costaría entre 15.00 y 18.000 euros. Moreno que habla en catalán con su hijo pequeño y con su abuela de Port de la Selva no le encuentra sentido a la política lingüística de sanciones que practica la Generalitat.