miércoles, 26 julio 2017
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Cataluña

En busca del amparo internacional

  • ERC vuelve a recurrir a la Unión Europea para sortear los conflictos con el Gobierno. En este caso, denuncian un «agravio comparativo» al incluir a la Ertzaintza en la base de datos de la Europol y negárselo a los Mossos d’Esquadra

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una comparecencia en la UE sobre el derecho de autodeterminación
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una comparecencia en la UE sobre el derecho de autodeterminación

El fallo de Atutxa se ha convertido en un resquicio de esperanza para el independentismo en el ámbito internacional. Tras comprobar que por las vías diplomáticas ha obtenido magros resultados, ahora se ha dispuesto a intentarlo por otras vías. El jueves, Junts pel Sí –coalición que integra a ERC y PDeCAT–, la CUP, y en esta ocasión también los «comunes», aprobaron una moción que declaraba meridianamente las intenciones: se instaba al Govern a llevar a organismos internacionales las causas abiertas contra los independentistas para tratar de revocar las sentencias de la justicia española.

En esa línea, ERC recurrió ayer al Consejo de la Unión Europea para que se posicione acerca del conflicto que se ha desatado entre el Estado y la Generalitat a cuenta de los Mossos d’Esquadra. Los republicanos, por medio de sus dos eurodiputados, Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras, denunciaron un «veto» del Gobierno a que la policía catalana tenga acceso a la base de datos de la Europol (Oficina Europea de Policía) –circuito de intercambio de información con otros cuerpos policiales– y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), mientras que la Ertzaintza sí que ha sido incluida tras la última Junta de Seguridad del País Vasco, y piden al Consejo que considere si esta circunstancia es «un agravio comparativo».

Precisamente, el choque entre el Estado y la Generalitat por los Mossos d’Esquadra se ha intensificado en los últimos días de forma notable a raíz de la Junta de Seguridad del País Vasco. La conselleria de Interior, en mano de Jordi Jané, lleva tiempo reclamándola –la última se celebró en marzo de 2009 y sirve para coordinar las actuaciones entre la policía catalana y las fuerzas de seguridad del Estado– aduciendo las amenazas actuales –yihadismo o ciberataques–, pero el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, considera que el clima de tensión entre administraciones fruto del «procés» no es el propicio para que se lleve a cabo.

«Si durante más de ocho años ambas partes no han sido capaces de encontrar ese clima de consenso y convergencia de esfuerzos para celebrar la Junta de Seguridad, se trata ahora de encontrar el momento más adecuado», aseguró ayer. En cualquier caso, Zoido quiso tranquilizar cualquier inquietud que pueda despertar estas desavenencias entre policías, y afirmó que la seguridad «está salvaguardada de cualquier tipo de coyuntura». Esta lectura política es la que ha alimentado la denuncia de ERC al Consejo de la UE y su percepción de «agravio comparativo»: «Es irresponsable que, con nivel 4 de alerta antiterrorista, el Estado dé acceso a una policía por afinidad política y no por criterios de seguridad».

Pese a que la Junta de Seguridad es la mayor fuente de tensión desde hace años entre la conselleria de Interior y el Ministerio del Interior, la semana pasada se abrió otro frente en torno a los efectivos de Mosso d’Esquadra.

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