ERC salva la nueva moratoria hotelera de Colau con su voto

El Ayuntamiento divide la ciudad en tres zonas. Sólo en la más alejada del centro se podrán construir nuevos hoteles. Duplicará el número de inspectores turísticos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comienza a ver la luz a final del túnel. Lo que fuera su medida estrella al llegar al cargo, la moratoria hotelera, caduca por barrios a lo largo de este año y necesitaba una nueva normativa. Tras semanas de ardua negociación, la última propuesta del gobierno para el plan de alojamientos turísticos (Peuat), la renovación de la moratoria hotelera, deja a ERC y Barcelona en Comú al borde del acuerdo. El Ayuntamiento, por lo tanto, ha aceptado parte de las demandas que los republicanos habían puesto sobre la mesa. En concreto, el gobierno municipal duplicará el número de inspectores de pisos turísticos ilegales e intentará frenar el macro albergue de la Vila Olímpica. El Peuat, pues, superó ayer su primer trámite en la comisión de Urbanismo y se llevará a pleno para su aprobación definitiva a finales de mes.

De este modo, el número de inspectores pasará de 20 a 40 y se duplicarán también los visualizadores de pisos turísticos a lo largo de este año, llegando a un total de 80 personas destinadas a esta tarea, y ha planteado ampliarlas hasta 110 en 2018. Tanto ERC como el gobierno municipal prevén que cesen su actividad ilegal más de 3.000 viviendas turísticas a finales del mandato municipal con el aumento de personal del cuerpo, que en los «últimos meses». Aun así, en Barcelona se calcula que hay unos 10.000 apartamentos ilegales. «El objetivo es que nos podamos encontrar que en 2023 la situación esté bajo control, señaló Sanz.

De las tres consultas que quería ERC para detener los proyectos hoteleros de Drassanes, Rec Comtal y el albergue de la Villa Olímpica, el gobierno se ha comprometido a buscar soluciones con este último. Sanz explicó que se creará una «comisión conjunta política y técnica» que determinará en 30 días qué acciones «viables jurídicamente» puede emprender el Ayuntamiento para detener el albergue. La comisión pondrá sobre la mesa varias propuestas, más allá de una consulta vecinal como una opción de compra. Pero en ningún caso, reiteró Sanz, se podrá revocar la licencia con una consulta. «Hemos conseguido hacer posible lo imposible. Ahora falta que el gobierno municipal ponga negro sobre blanco», señaló Alfred Bosch (Esquerra Republicana).

Al terminar la comisión de Urbanismo, Sanz explicó que «por fin Barcelona tendrá un instrumento que pone orden en los alojamientos turísticos y para el incremento exponencial de lo que veníamos».

El Plan, además, plantea dividir la ciudad en una zona de decrecimiento, en la que no se podrán abrir nuevos alojamientos aunque cierren otros -Ciutat Vella, parte del Eixample, Poblenou, Vila Olímpica, Poble Sec, Hostafrancs y Sant Antoni-, una zona 2 de congelación en la que sólo podrán abrir nuevos si cierran actuales, y las zonas 3 y 4 de crecimiento limitado.