JxSí impone su mayoría en la Mesa para tumbar los recursos contra las cuentas

PP, PSC y Ciutadans solicitaron la reconsideración para impedir la admisión a trámite de los presupuestos del referéndum.

Las fuerzas constitucionalistas en el Parlament han confluido en cómo maniobrar para frenar el proyecto de presupuestos para 2017, que incluye una partida para el referéndum de autodeterminación. De esta manera, PSC el miércoles, y PP y Ciudadanos ayer, pidieron a la Mesa del Parlament que reconsiderara la admisión a trámite de las cuentas, pero finalmente no ha fructificado. El órgano rector de la cámara catalana rechazó ayer los recursos del PSC, C’s y PP con los cinco votos en contra –Junts pel Sí (4) y Catalunya Sí Que Es Pot (1)– por dos favor –de PSC y C’s– (PP y CUP no tienen representación). Lo cierto es que en este punto de la tramitación parlamentaria, era el único arma jurídica que tenían los constitucionalistas para impedir estos presupuestos, y por ello solicitaron a la propia Mesa que reevaluara su validez legal, bajo el asesoramiento de los letrados del Parlament.

Ya el martes, cuando la cámara catalana admitió a trámite el proyecto de presupuestos, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, previnieron a la Mesa de que no podían admitirlos si figuraba alguna partida vinculada con el proceso soberanista. No obstante, la tramitación fue aprobada por cinco votos a favor –Junts pel Sí (4) y Catalunya Sí Que Es Pot (1)– y dos en contra –Ciudadanos y PSC– (PP y CUP no tienen representación). En esta ocasión, durante la deliberación de la Mesa, los letrados no se pronunciaron porque nadie se lo pidió.

Hasta que no se presentó el proyecto, las fuerzas constitucionalistas se habían limitado a anunciar que llevarían los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries si contenían partidas para celebrar una consulta. Una vez confirmado que esto es así –con un partida de cinco millones en concepto de «Proceso electorales y consultas populares» y y otra de 800.000 euros para «Procesos de participación ciudadana»–, PSC, PP y Ciudadanos se han lanzado a combatirlos por vía legal. Por el momento, la petición de reconsideración es el único mecanismo que han podido emplear para frenar los presupuestos. Si bien, el PSC también recordó que un informe de los letrados ya advirtió de que la sentencia del TC que anulaba la resolución independentista del 9-N que aprobaron Junts pel Sí y la CUP, también tenía efectos sobre posibles acciones derivadas.

Al no tener éxito esta petición de reconsideración, la siguiente pugna jurídica se librará una vez se hayan aprobado los presupuestos, cuando los constitucionalistas probablemente recurran ante el Tribunal Constitucional, y ante el Consell de Garanties Estatutàries –en este caso, los presupuestos tardarían un mes más en entrar en vigor–. Con este escenario, los partidos tienen ahora hasta el 12 de diciembre para presentar las enmiendas a la totalidad –cuyo debate sería el 20 de diciembre– y hasta el 20 de diciembre para las enmiendas al articulado.