La Fiscalía renuncia a pedir una pena de cárcel para Artur Mas por malversación en el 9-N

Artur Mas no se enfrentará a una pena de prisión por su papel en la organización de la consulta soberanista del 9-N. La Fiscalía renuncia finalmente a acusar al ex presidente de la Generalitat de un delito de malversación de caudales públicos, el único de los tres que le imputaba –junto a los de desobediencia grave y prevaricación– que sí acarrea una pena de cárcel en el caso de que el condenado no reintegre al erario público en el plazo de diez días el dinero sustraído a las arcas de la Administración.

En un escrito en el que rechazan los argumentos para evitar el banquillo de las defensas de Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez-Ulled sostienen que la investigación «ha generado un margen de duda» sobre la existencia de este delito, que sí le atribuyeron a Mas en su querella de noviembre de 2014.

Ahora, sin embargo, la Fiscalía concluye que la instrucción ha acreditado que «todos los gastos relacionados con la organización y desarrollo de la votación» fueron comprometidos «con anterioridad a la suspensión» acordada por el Tribunal Constitucional (TC). «Se contratan antes, sin perjuicio de que algunos se paguen después», mantiene, por lo que en ese momento el desembolso era «lícito».

Para el Ministerio Público, «es cierto» que la Generalitat debió suspender su ejecución hasta conocer la resolución definitiva del TC, acordada el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de la consulta independentista. Pero, añade en tono comprensivo, «dejar de pagar lo legalmente comprometido es algo distinto, que razonablemente habría conducido a las reclamaciones de los contratistas». Es ese «margen de duda» respecto a si concurren o no todos los requisitos que exige el delito el que lleva a los fiscales a renunciar a acusar de malversación a Mas y los otros dos procesados.

En su querella inicial, la Fiscalía sí advirtió un delito de malversación al haberse «incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional».

La Fiscalía sí mantiene su acusación de desobediencia y prevaricación (delitos que conllevan penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel) contra los tres ex mandatarios. En primer lugar, porque –a diferencia de lo que ellos aseguran– la organización de la consulta «no quedó en manos de los voluntarios». Al contrario, las empresas contratadas por la Generalitat «siguieron trabajando, a marchas forzadas y con indicación de discreción», tras el 4 de noviembre, realizando unos trabajos sin los cuales el referéndum ilegal no se habría celebrado. La logística «seguía estando bajo control público», por lo que «era perfectamente posible paralizar» toda la infraestructura.

Los investigados, por tanto, «comprendieron perfectamente» la orden del TC y «decidieron no acatarla». Todos ellos, «con especial preponderancia» de Mas, convirtieron su voluntad de seguir adelante «en aparente fuente de normatividad».