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La Independencia del 3%

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18 de septiembre de 2017. 01:13h

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Muchos votantes tradicionales de la ya desaparecida CiU se siguen preguntando cómo un partido sostén de las clases medias, los sectores más acomodados y de mayor renta, defensora del orden social, las tradiciones –siempre catalanas, esto sí– y de un modo de vida conservador –aquel ideario de Macià de que el mundo ideal de todo catalán era aspirar a la «caseta i l’hortet»– podía embarcarse en un desafío tan descomunal contra el Estado y las instituciones democráticas españolas. Es uno de los grandes enigmas del «proceso», que sobrepasa al argumento siempre aducido por el partido fundado por Jordi Pujol: todo empezó con la sentencia del Constitución de junio de 2010 sobre algunos artículos del nuevo Estatuto. De aquellas reivindicaciones de una mejora del sistema de financiación hace tiempo que se dejó de hablar; ni siquiera estaba en la filosofía política del catalanismo el concierto económico a la vasca (Pujol lo rechazó en 1980: no quería estrenarse recaudando impuestos) y, más recientemente, en octubre de 2013, CiU despreció una nueva financiación económica porque se trataba de un «cambio de cromos» para desactivar la consulta soberanista. El caso es que ahora, aquel partido moderado dispuesto a pactar con el PP o el PSOE está aliado con una agrupación anticapitalista y antisistema de diez diputados dispuestos a todo –y todo es todo– con tal de conseguir la independencia de Cataluña en dos días a partir del próximo 1 de octubre. En el tiempo, este desafío ha coincidido con el hundimiento de CiU por dos razones: sus errores políticos y una corrupción que carcomía las estructuras del partido; aquel célebre 3% que Maragall denunció –a buenas horas– en 2005. Hay que partir del hecho abundantemente recogido en las hemerotecas de que cada vez que se han investigado las cuentas de Convergència o ha habido un sentencia en firme la reacción ha sido la misma: sólo se trataba de una campaña del Estado, ni siquiera contra el partido, sino contra Cataluña. No tardará mucho en salir la sentencia en firme del «caso Palau», que destapó el sistema de financiación ilegal de Convergència a través de un desfalco generalizado de las arcas del Palau de la Música –señera institución de la mítica burguesía barcelonesa de hace un siglo– y del cobro de comisiones ilegales, lo que ha supuesto del desvío de 6,6 millones de euros, todo ello con el silencio o complicidad de la clase dirigente nacionalista. Ese mismo partido que se puso al frente con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, de un choque frontal contra nuestra democracia y que ha fracturado en dos a la sociedad catalana, es el que tiene embargadas 15 de sus sedes y se vio obligada a vender la central. Esa organización que ejercía un poder absoluto prefirió cambiar de nombre y mutar en PDeCAT antes de asumir sus responsabilidades. Y si algún decepcionado ponía en duda su honradez, siempre podía ofrecer a cambio su intachable historial nacionalista y estar dispuesto a llevarse por delante la Constitución, el Estatuto y las leyes que hiciesen falta con tal de demostrar su patriotismo. En el centro de todo este entramado patriótico-financiero está Artur Mas, un político que ha sido un verdadero desastre para su partido y, sobre todo, para Cataluña. El partido de Jordi Pujol no ha sido un buen ejemplo, empezando por su fundador, y sólo ha demostrado un sistema político amasado con un patriotismo clientelar en el que hasta las sentencias judiciales se ponen en duda. Mas deberá responder de estos desmanes políticos y financieros. Pasará a los anales de Cataluña haber ocultado sus desastres financieros atacando frontalmente a nuestro sistema democrático.

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