La inhabilitación a Forcadell suscita división entre los magistrados del TC

Un importante número de sus jueces avala reducir la capacidad sancionadora por desobediencia .

El Tribunal Constitucional comenzó ayer a debatir el recurso que interpuso el PSOE contra la reforma que permite al Alto Tribunal la adopción de determinadas medidas coercitivas que garanticen el cumplimiento de sus resoluciones. La ponencia que analizan ha sido redactada por la vicepresidenta, Adela Asúa, y no ha suscitado, en principio, un apoyo unánime de todos los magistrados. «Se trata de un tema que tiene muchas aristas», por lo que todo hace prever, según señalaron fuentes jurídicas, que la sentencia sobre el citado recurso no estará esa semana, por lo que, en ese caso, la misma se pospondría hasta el pleno del mes de octubre. Esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la que permitiría, en su caso, sancionar cautelarmente a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, por haber tramitado la última resolución soberanista que tramitó la Cámara autonómica catalana.

Gran parte de los magistrados del TC se ha mostrado crítico con la mencionada reforma, aunque ello no significa que consideren que la misma es del todo inconstitucional. Sobre el fondo, los magistrados intentarán llegar a una decisión de consenso, ya que consideran que sería muy positivo si se diese una imagen de unidad en una cuestión tan controvertida como la sometida a debate en este recurso.

En un principio, uno de los puntos sobre los que, según las fuentes consultadas, no existe un criterio unánime era el relativo a la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal. De hecho, algunos entienden que esa inhabilitación temporal de cargos públicos es propia de una resolución penal, algo que escapa de las competencias del Alto Tribunal.

Sin embargo, no pocos magistrados del TC parecen inclinarse por rebajar sustancialmente la capacidad sancionadora que establece la ley en favor del tribunal, pero sin llegar a declarar la inconstitucionalidad total de la misma; aunque en estos momentos «es muy prematuro aventurar la decisión final». En todo caso, lo que sí parece claro es que esta semana no habrá fallo, por lo que la decisión sobre Forcadell se retrasaría igualmente de forma notable.

Cumplimiento, no sanción

En relación con la reforma de la ley objeto de recurso, el establecimiento de medidas coercitivas (multas, inhabilitación temporal de cargos públicos y ejecución sustitoria de sus decisiones) buscan velar por el cumplimento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero no la de «sancionar el incumplimiento de las resoluciones, sino la de lograr que se cumpla un concreto pronunciamiento del tribunal». Por tanto, destacan fuentes próximas al TC, esas medidas «caben en aquellos supuestos en los que la persona a la que se vayan a aplicar está obligada a realizar una actuación y, sin embargo, se resiste a ello».