La PAH declara la guerra al PP y diseña una hoja de ruta para anular el recurso

La reacción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades que en su día apoyaron la lucha por garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros energéticos no se ha hecho esperar. Si el viernes el Partido Popular presentaba ante el Tribunal Constitucional un recurso por inconstitucionalidad de la ley 24/2015 de pobreza energética y emergencia habitacional, ayer, los representantes de la PAH, acompañados por miembros del colectivo de bomberos, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (CONFAVC), la Mesa del Tercer Sector y del colectivo de trabajadoras sociales hacían pública su hoja de ruta para las próximos meses hasta las elecciones generales del mes de junio, la cual presentarán hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigedemont.

«El principal objetivo de la hoja de ruta es el de evitar el retroceso de todo lo que se consiguió en la lucha por la defensa de los derechos hace nueves meses», con la aprobación el pasado mes de julio por unanimidad en el Parlament de Cataluña de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) , una ley que «nace de los ciudadanos», señaló ayer Carles Macías, portavoz de la PAH. En este sentido, Macías denunciaba «un golpe de Estado del Partido Popular y la banca contra la vivenda y la democracia» y recordaba que le ley24/2015 «es la única que hace plenamente efectivo el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda».

Así pues, la hoja de ruta establece dos grandes líneas de acción. Por un lado, la de llevar a cabo acciones durante toda la campaña electoral para señalar al PP como el gran culpable del retroceso en la lucha por los derechos del ciudadano en materia de vivivienda y, en esta línea, ésta ya anuncia una gran movilización a nivel estatal para final de mes.

Por el otro, la PAH exige a las instituciones catalanas un serie de acciones claras y directas para, en palabras de Carlos Macías, «dar cobertura con el fin de garantizar los derechos que defiende la ley 24/2015». En este sentido, en lo referente a la pobreza energética, pese a que el recurso presentado por el Partido Popular no afecta a este punto, la entidad exige a la Generalitat la aplicación con determinación de los convenios que prevé la ley y los cuales establecen que la deuda por los impagos de aquellas familias que no pueden hacer frente a las facturas debe asumirla las compaías suministradoras, unos convenios que nueve meses después de la aprobación de la ley, aún no se han firmado. Además, también reclama tanto a la Generalitat como a los Ayuntamientos la aplicación de oficio de las sanciones por cortes en el suministro.

Así mismo, la hoja de ruta reclama al Parlament, donde se aprobó por unanimidad la controvertida ley, «generar nuevas herramientas legislativas que permitan suplir los artículos impugandos por el Partido Popular» y que garanticen el derecho a la segunda oportunidad así como el alquiler social obligatorio tras el desahucio. Así pues, reclama la movilización de 16 mil viviendas de la banca -cifra que se estima la adecuada partiendo del dato que apunta a 43 desahucios diarios de media en Cataluña-; el establecimiento de una convocatoria permanente de la línea de ayudas y no sólo de enero a marzo como sucede ahora; y exigir el cumplimiento por parte de las entidades financieras y grandes tenedores de viviendas de la obligación de ofrecer al propietario un alquier social ante el posible desahucio. Además, la PAH otorga al Parlament la responsabilidad de controlar que la Generalitat aplica la ley catalana de derecho a vivienda de 2007, así como la ley24/2015 y que se apruebe un presupuesto extraordinario para hacer frente a las ayudas al alquier.

Por último, la hoja de ruta exige a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones del 26 de junio el cumplimiento de su compromiso de retirar el recurso constitucional presentado por el PP si llegan al gobierno y trabajar para la difusión de la ley 24/2015, que ya se ha introducido en 13 parlamentos autonómicos, por todo el país.