La patronal catalana alerta de la «tensión y máxima preocupación» por el 27-S

Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, Fomento del Trabajo pide al Gobierno que salga de las urnas que cumpla la ley

Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana que agrupa a miles de empresas incluidas las más importantes y que tiene la principal representación en la negociación colectiva, ha hecho público un manifiesto –como ya adelantó LA RAZÓN– muy crítico con las propuestas soberanistas porque «generan tensión y máxima preocupación», se pone «en cuestión la pertenencia a la Unión Europea y a la Zona Euro» y alerta de las consecuencias que tendrá la aventura soberanista sobre «el sistema financiero catalán».

La patronal dirigida por Joaquín Gay de Montellà ha remitido este manifiesto a todos los partidos políticos en el que enumera sus recomendaciones para el nuevo gobierno porque «la Generalitat es el principal órgano de gobierno de Cataluña y su peso en la estabilidad social y económica del país es esencial». Las peticiones empresariales se dirigen al nuevo Gobierno, «sea cuál sea», según fuentes empresariales, al que se le exige que se forme «dentro del marco legal, en un entorno de seguridad jurídica de libertades, derechos y obligaciones, y con la estabilidad necesaria».

El documento pone luz y taquígrafos a la inquietud empresarial ante la deriva soberanista. Reconoce que la convocatoria electoral del 27-S «incorpora una dimensión política extraordinaria y excepcional por el hecho que diferentes candidaturas plantean un proceso secesionista». Acto seguido, la patronal catalana alerta de que las elecciones generan «tensión y máxima preocupación desde la perspectiva económica y empresarial». Además, para la organización mayoritaria del empresariado catalán, este debate político «pone en cuestión la pertenencia a la Unión Europea y a la Zona Euro» y alerta «de todas las consecuencias que esto tiene para el sistema financiero catalán». La principal organización catalana exige estabilidad al nuevo ejecutivo porque «el Gobierno de Cataluña es un motor económico de primera magnitud, con capacidad de condicionar el transcurso de la actividad empresarial».

El Gobierno catalán ha reaccionado como quien oye llover. Su portavoz, Neus Munté, ha afirmado que el empresariado es «diverso y plural» y ha anunciado que –el jueves está previsto– diversas organizaciones empresariales harán público su apoyo al proceso soberanista. Evidentemente, Munté ha eludido decir que estas organizaciones apenas tienen peso específico entre los empresarios y, algunas de ellas, son correas de transmisión del soberanismo como FemCat o el Centre Català de Negocis, y la PIMEC –la mayor organización de este colectivo– está excluida de la negociación de numerosos convenios en Cataluña por no alcanzar el mínimo del 10% exigido. Este acto será un «remake» del que hace un año hicieron estas mismas organizaciones en favor del derecho a decidir. A buen seguro no estará la Cámara de Comercio de Barcelona, que hace unos días criticó el oscurantismo del Gobierno y los partidos soberanistas sobre las consecuencias de la secesión.

En la misiva que se ha conocido hoy, Fomento del Trabajo pide la supresión de las diputaciones, para conseguir una administración más eficiente, una fiscalidad competitiva, seguridad jurídica y una economía más competitiva. Además, es crítica con el Gobierno central. Según Fomento del Trabajo, «la inversión realizada –en infraestructuras– por el Estado ha sido inferior a los compromisos contenidos en la disposición adicional del Estatut». Para los empresarios catalanes, siempre muy críticos en este punto en los Presupuestos Generales del Estado, la inversión desde 2014 «se ha situado sólo en torno al 10% del total, cuando la población catalana y su economía, representan respectivamente cerca del 16% de la población española y el 19% de su PIB».

El manifiesto de Fomento abre una nueva polémica ante el 27-S. Sin embargo, en el empresariado catalán sigue presente una máxima que siempre se comenta en privado: «Pase lo que pase, no pasará nada».