Las urnas ponen bajo sospecha la determinación del Govern

Uno de los fabricantes de los recipientes desmiente que haya presiones del Gobierno, tal y como sugiere la Generalitat. La CUP ve falta de «firmeza» en los preparativos del referéndum.

El estruendoso fiasco con la licitación de las urnas ha despertado sospechas sobre la determinación del Govern con el referéndum. Si el martes, cuando se declaró desierto el concurso para comprar los recipientes, la portavoz del PSC, Eva Granados, lo consideró como una «excusa» del ejecutivo catalán para no hacer la consulta, ayer, el diputado de la CUP, Carles Riera, profundizó en la misma idea y juzgó «falta de iniciativa y firmeza». Estas dudas cobraron visos de certeza ayer, después de que una de las empresas fabricantes de urnas revelara falta de «garantías» en el proceso de licitación del Govern.

El jefe de proyectos de Plastic Express, Andreu Marquès, dejó entrever un diseño atípico del concurso. A diferencia de otros, según él, éste presentaba «incertidumbre» y «las cosas no estaban claras» porque faltaba la fecha de entrega y cuándo y cómo se quería pagar. En virtud de esta situación, su empresa desistió de mantenerse en el proceso de licitación, mientras que la otra aspirante, sí que continuó adelante pero no se adjudicó el concurso ya que no pudo superar los trámites previstos.

En una entrevista en Rac1, Marquès aseguró que su compañía reunía los requisitos económicos y técnicos para convertirse en adjudicataria, en contra de lo que había aducido el Govern. Según el jefe de proyectos de Plastic Express, la compañía dispone de «solvencia económica» y ya ha acumulado experiencia con la fábrica de urnas para otros países. En la misma línea, también desactivó otras de las coartadas que ha deslizado estos días el gobierno catalán, fijando la actitud del Estado como elemento disuasorio para empresas y colaboradores con el referéndum. En este sentido, negó que la Guardia Civil o la Fiscalía hubieran contactado con la compañía con el propósito de advertir de los consecuencias legales en las que podía incurrir si participaba en el referéndum ilegal.

Esta circunstancia, por tanto, se suma al elemento que ha disparado todas las sospechas sobre el compromiso del Govern con el 1-O: la comunicación de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la suspensión del concurso de la compra de urnas para que archiven la causa que tenía abierta. Esta repentina actitud temerosa ante la Justicia de algunos miembros del Govern, ha llevado a la CUP a mostrar su preocupación y su falta de confianza. Ante este escenario, los anticapitalistas vienen en los últimos días proponiéndose para entrar en el ejecutivo catalán y asumir cualquier responsabilidad susceptible de contraer consecuencias penales. No obstante, este escenario no parece, por el momento, contemplarse en el seno del Govern.

La CUP, además, también ha expresado su irritación ante su ausencia en las reuniones que el gobierno catalán y las entidades independentistas llevan a cabo frecuentemente en el Palau de la Generalitat con el objetivo de ir avanzando en la preparación del referéndum. En este punto, según informó ayer Efe, el martes sí pudieron participar de este encuentro, y los anticapitalistas expusieron los «deberes» que tiene pendientes el Govern, como mejorar el registro de los votantes exteriores y advertir que no asumirán usar urnas de cartón.