Los retrasos para cobrar la renta mínima ya superan los 120 días

A principios de año, la Generalitat se comprometió a reformar la Renta Mínima de Inserción (RMI), con un aumento de la partida destinada a esta ayuda, incluso si el Govern no fuera capaz de aprobar unos nuevos presupuestos. La consellera de Bienestar Social, Dolors Bassa, explicó entonces que la cantidad destinada a aumentar esta Renta Mínima ya estaba decidida: 70 millones, que se sumarían a los 200 actuales. Y avisó su disposición de sacar el dinero de otras partidas en el caso de que el Parlament no diese luz verde a unas nuevas cuentas.

Ayer, sin embargo, el secretario general de Trabajo y Asuntos Sociales, Josep Ginesta, dio un paso atrás. «La reforma de la RMI sólo se hará cuando esté claro el escenario presupuestario», declaró en la Comisión de Trabajo del Parlament. Las razones: «evitar las situaciones de impagos como las del pasado» y «reforzar el carácter de inserción social de esta renta».

Se refiere a la intención de que la RMI pase a ser un complemento de la Renta Garantizada Ciudadana, para que esta se sitúe en torno a 576 euros por persona. La Renta Mínima Garantizada sería de 426,84 euros y la Renta de Inserción añadiría 150 euros hasta alcanzar el total de 576,84 euros. Esta medida, fruto de una ILP que suscribieron más de 12.000 catalanes, se podrá implantar previsiblemente a finales de año, cuando reciba el visto bueno del Parlament.

Ginesta explicó que también se reforzará esta prestación con el cheque de emergencia de los años 90, con el objetivo de que esta ayuda económica, que actualmente perciben 71.942 catalanes, llegue cuanto antes a los hogares vulnerables. El tiempo de espera de esta renta fue en marzo de cuatro meses, algo «excesivo» para Ginesta, que apostó por el método del cheque para asegurar ingresos inmediatos.

Desde los grupos del PSC y Cat Sí que es Pot esta idea, sin embargo, no gustó. Ambos criticaron el concepto de «cheque» al considerarlo estigmatizador, y apostaron por utilizar otros mecanismos como la transferencia bancaria, en lo que coincidió también la diputada de la CUP, Mireia Vehí.