PP: «Colau recorta 132 millones al año en vivienda»

Alberto Fernández critica que la alcaldesa sólo ha construido 3.200 pisos públicos de los 8.000 que prometió en campaña electoral.

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, criticó ayer que el Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno municipal, con el voto de CiU y Cs, ha recortado 130 millones al año la inversión en vivienda, un 30% menos anualmente respecto al anterior plan 2008-2016.

También dijo que el plan impulsado por la alcaldesa, Ada Colau, reduce la construcción a solo 3.200 viviendas públicas mientras que Colau prometió 8.000 en su programa electoral, según informó el PP en un comunicado.

Fernández ha destacado que con este plan, «el Ayuntamiento sigue en su línea de asumir inversiones que corresponderían a la Generalitat» ya que en el plan de Colau solo el 11% de las inversiones las hacen otras administraciones mientras que el anterior percibía un 28% del total previsto.

Además, el líder popular pidió a la alcaldesa «mayor concreción» y hacer un desglose de las promociones previstas en el plan y elaborando una calendarización de las mismas. Finalmente, recordó a Colau que tras más de año y medio de mandato el Ayuntamiento sigue teniendo 75 solares y más de 400 viviendas públicas vacías y cuestinó si la alcaldesa «se automultará» por ello igual que hace con las entidades bancarias que también tienen inmuebles sin uso.

Los expedientes sancionadores del ayuntamiento de Barcelona contra algunas entidades bancarias por tener casas sin huésped iniciaron su trámite en verano de 2015, a principios del mandato del gobierno de Colau, al detectar que esos inmuebles llevaban más de dos años en desuso. Para ello, se acogieron a la ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007. El proceso se inició con una multa coercitiva de 5.000 euros por vivienda, pasó a una segunda escala de 10.000 euros y una tercera de 15.000 euros por piso. Al no cumplir los bancos propietarios lo que requería la sanción, que era o bien ceder los pisos a alquiler social o bien demostrar que están siendo usados, la multa de los cuatro casos prosiguió su trámite hasta culminar en 315.000 euros de sanción por cada uno de los pisos, lo que eleva la cuantía total impuesta a las tres entidades hasta 1,26 millones de euros. Tal como explicó el regidor de Vivienda, Josep Maria Montaner, la intención del equipo del partido Bcomú no es la de recaudar dinero con las multas, sino «conseguir que esas viviendas vacías tengan un uso social»