Ricard Font sustituye en Infraestructures.cat al imputado Joan Lluís Quer

El consejo de administración de Infraestructures.cat ha acordado hoy nombrar a Ricard Font nuevo presidente de esta empresa pública, la antigua Gisa, en sustitución de Joan Lluís Quer, un alto cargo que está imputado por haber llevado a cabo presuntamente contratos a dedo desde la Agencia Catalana del Agua, de la que fue gerente.

Fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han explicado que Quer, que era presidente desde 2011, ha abandonado este cargo al entender que la tarea que le había sido encargada en la antigua Gisa ya había finalizado.

En una carta dirigida al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, Quer ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a todo el equipo de Infraestructures.cat por el trabajo hecho estos años y ha puesto en valor la profesionalidad de todos los trabajadores de la compañía, según ha informado la Generalitat.

El consejo de administración ha aceptado la renuncia al cargo de Quer y ha instado a Ricard Font "a continuar con su labor y a tomar las decisiones necesarias para el futuro de la compañía".

Font también asumirá las funciones de la dirección general de Infraestructures.cat, que había asumido temporalmente Joan Lluís Quer.

Este nombramiento se hará efectivo a partir del próximo 1 de diciembre.

El consejo de Infraestructures.cat, por otro lado, ha ratificado el nombramiento de Pilar Matesanz, directora de Contratación y Finanzas, como presidenta de las mesas de contratación de la compañía.

Infraestructures.cat, la antigua Gisa, que ahora depende del departamento de Economía de la Generalitat, está en el foco de atención de la operación judicial que se desarrolla en Cataluña por presuntas comisiones del 3 %.

El pasado 29 de octubre, la Generalitat decidió apartar de sus funciones al director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, imputado por el caso del 3%, que investiga el supuesto pago de comisiones ilegales a CDC a cambio de obras públicas.

La Generalitat alegó entonces que no había destituido a Rosell porque, como el caso está bajo secreto de sumario, no había por el momento base judicial para justificar un despido, ya que este podría considerarse "improcedente". EFE