Un año y cuatro meses de cárcel para dos miembros del PSC

Dos años y medio después de que el «caso Mercurio» echara a andar, cuando 300 mossos encabezados por el Fiscal Anticorrupción irrumpieron en el Ayuntamiento de Sabadell, llega la primera sentencia de una de pieza separada, la que salpica al Ayuntamiento de Montcada i Reixac. El juez condena a un año y cuatro meses de cárcel al ex diputado del PSC Daniel Fernández, al ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos, y a su hermano, Francisco Bustos, por un delito de tráfico de influencias.

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que Fernández y los Bustos «asediaron» a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que amañara un concurso público. Querían que fichase a Carmina Llumà, una ex alto cargo del tripartito y esposa del entonces jefe del área jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, como responsable de urbanismo, pese a haber sido descartada previamente en un concurso público. Además de la pena a un año y medio de prisión, el TSJC condena a los tres a cuatro años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público electivo y a una multa que asciende a 60.000 euros cada uno.

Manuel Bustos dejará de ser concejal de Sabadell. Pero donde el PSC deberá espabilar, a pocos días de las municipales, es en Montcada i Reixac. Pese a estar imputada, Pérez repetía como candidata. Y aunque a que la sentencia admite que los Bustos y Fernández ejercieron «un verdadero asedio, persuasivo e insidioso» sobre Pérez, la alcaldesa ha sido condenada a siete años de inhabilitación. Bustos y Daniel Fernández abandonarán la militancia del PSC.

La idea de colocar a Carmina Llumà como directora del Área Territorial de Montcada, según la sentencia, partió de los hermanos Bustos. Al no lograr su cometido pidieron a Daniel Fernández, que entonces ejercía de secretario de organización del PSC que interviniera.

El juez entiende que los tres amenazaron a la alcaldesa con perjudicar su carrera política si no fichaba a Carmina Llumà. Pero como cedió a la presión, convocó una reunión urgente con el tribunal evaluador y la empresa de recursos humanos que se encargaba del proceso de selección para imponer un «inexplicable cambio de criterio», Maria Elena Pérez también ha sido condenada.

El TSJC entiende que la alteración del concurso «afectó gravemente al interés general», pues implicó «una expresión inadmisible de favoritismo fundado en el criterio del amiguismo político».

Los acusados recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. La sentencia no fue unánime. El presidente del TSJC defiende la absolución de Daniel Fernández. Bustos, a través de su Facebook tachó de desproporcionada la resolución. Dice que han sido condenados por opinar sobre un cargo de confianza y aunque admite que sus opiniones fueron equivocadas afirma que están muy lejos de casos de corrupción con millones en paraísos fiscales.