Bravo defiende que los asesores no han de tener títulos, sino ser de confianza

El PP ha recurrido el decreto de Eventuales mientras la consellera mantiene que estos cargos (78 en Presidencia) no han de tener estudios porque no hacen labores de funcionarios

La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, aseguró ayer que al personal eventual no se le puede exigir «una titulación académica específica» ni equipararse salarialmente a los funcionarios de la Administración autonómica.

Bravo compareció ayer en Les Corts, a petición propia, para explicar la política del Consell en relación con los eventuales y destacó que el esfuerzo hecho en la reducción de estos cargos, que han pasado de 92 a 74.

Asimismo, indicó que las personas al servicio del presidente de la Generalitat son un total de 78, entre personal de libre designación (55), eventuales (16) y altos cargos (7), cifra que está «muy lejos de los 180 que de forma reiterada se han dedicado a publicar».

Por su parte, el diputado popular y ex conseller de Justicia y Gobernación, Luis Santamaría, restó credibilidad a estos datos y dijo que había más gente trabajando para el presidente de la Generalitat y que no se computaban en las cifras oficiales.

Sin embargo, la consellera del ramo explicó que se vivió «un proceso complejo» en el nombramiento de eventuales debido al «cambio de criterio de la Intervención de la Generalitat», que tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, exigía que todo candidato a ocupar un puesto de personal eventual dispusiera de título académico. Esa interpretación «contraviene la ley, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo», al tiempo que defendió que tanto los jefes de prensa de los consellers como los asesores parlamentarios y de asuntos generales están capacitados para desempeñar sus cargos.

Según Bravo, el personal eventual nace de «una relación de confianza entre la autoridad que le nombra y la persona nombrada» y por eso se les prohibe realizar tareas atribuibles a los funcionarios, y no se les puede exigir una titulación específica, ya que, además, «no lo recoge ninguna norma». El PP ha recurrido en los tribunales dicha prerrogativa.