Centros de Enseñanza

Castellón da los «bonolibros» con informes jurídicos en contra

La Intervención General Municipal del Ayuntamiento de Castellón emitió un informe de «reparo» advirtiendo de que no tiene los medios suficientes para asumir la carga de trabajo

El conseller de Educación, Vicent Marzà, en una imagen de archivo antes de comparecer en Les Corts
El conseller de Educación, Vicent Marzà, en una imagen de archivo antes de comparecer en Les Cortslarazon

La Intervención General Municipal del Ayuntamiento de Castellón emitió un informe de «reparo» advirtiendo de que no tiene los medios suficientes para asumir la carga de trabajo

El Ayuntamiento de Castellón emitió una nota el pasado miércoles anunciando que ya se había producido el pago del 30 por ciento de las ayudas del programa Xarxa Llibres.

Sin embargo, el abono se ha realizado sin el visto bueno de la Intervención General Municipal, que emitió un informe de «reparo» insistiendo en que «los medios personales y materiales que tiene a su disposición para cumplir con las funciones de control interno, no son suficientes ante la carga de trabajo adicional que suponen estas ayudas». Esta es la principal conclusión del informe de fiscalización, solicitado por el teniente de alcalde y concejal de Educación del Ayuntamiento de Castellón, Enric Porcar.

Más extenso es el firmado por el secretario general del Ayuntamiento de la capital de la Plana. En 14 hojas justifica por qué suscribe un informe desfavorable al programa Xarxa Llibres impulsado por la Conselleria de Educación.

Asegura que la Ley de Régimen Local no recoge el reparto de ayudas para la compra de libros de texto como una competencia que deben desarrollar los Ayuntamientos. Sin embargo, la orden de la Generalitat traslada al Consistorio la responsabilidad en la tramitación, gestión y justificación de la aplicación de los fondos sin «dotar ningún tipo de compensación por ello». De ahí, que tal y como mantiene el informe de la Intervención General, su aplicación será de «difícil cumplimiento».

Advierte de que la Generalitat no ha definido suficientemente qué tipo de relación jurídica habilita el pago a los padres por haber comprado libros y material curricular. También señala que la Conselleria de Educación no ha regulado suficientemente cuál es el régimen de gestión ni las obligaciones que tiene el Ayuntamiento con el banco de libros.