Economía

Climent deja que los Ayuntamientos decidan sobre la libertad horaria

La Conselleria de Economía abrió ayer el periodo de audiencia pública durante un plazo de diez días para revisar las zonas de gran afluencia turística en Valencia y Alicante

El conseller de Economía sostenible, Rafael Climent, durante un pleno de Les Corts
El conseller de Economía sostenible, Rafael Climent, durante un pleno de Les Cortslarazon

Tras la polémica por la libertad horaria en los comercios, la Conselleria de Economía Sostenible ha decidido finalmente dejar en manos de los Ayuntamientos de Valencia y Alicante la decisión sobre las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) con las que deberán contar. El conseller del ramo, Rafael Climent, explicó ayer que deben ser los consistorios los que inicien ahora una consulta con los observatorios locales para poder llegar a acuerdos, que deberán trasladar a la Conselleria.

Las ciudades tendrán que determinar cuántas ZGAT quieren en sus demarcaciones, con el mínimo de un área con libertad horaria para los comercios fijado por la Ley.

«Los que han de tomar las decisiones son los ayuntamientos y nosotros nos ponemos a su disposición para ayudarles, con la intención de que no haya repercusiones negativas ni para el comercio, ni para los trabajadores ni para los consumidores en este maremágnum de ZGAT y horarios comerciales», indicó el conseller, para quien este asunto es sin duda uno de sus grandes quebraderos de cabeza.

Señaló que a partir de ahora se abre un proceso de alegaciones para personas físicas y un proceso administrativo que, según sus cálculos, puede durar alrededor de tres meses y en el que es preceptivo un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El actual equipo de la Conselleria redujo de cinco a dos las zonas con libertad horaria en Valencia, mientras que para Alicante anuló este derecho para todos los comercios. Varios centros comerciales de las dos ciudades presentaron recursos ante la Conselleria, tras la cual la Abogacía de la Generalitat emitió un informe en el que consideraba que se debería de repetir el proceso puesto que no se había actuado conforme a la Ley.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario Popular en Les Corts, Vicente Betoret, señaló que «el conseller Climent abre un proceso de audiencia pública poco creíble y obligado tras las descalificaciones del alcalde de Alicante en las que le acusaba de mentir y faltar a su palabra».