El decreto de Marzà es noticia hasta en Inglaterra

Familias extranjeras residentes en la Comunidad muestran su rechazo al «plurilingüismo» que obliga a escolarizar a sus hijos en valenciano

El decreto de plurilingüismo de Marzà no solo ha conseguido traspasar las fronteras de la Comunidad, sino también del país. Medios de comunicación internacionales han recogido el descontento de residentes extranjeros hacia lo que consideran una «imposición de lengua». Estos padres y madres argumentan que «llevan muchos años en España y que sus hijos siempre estudiaron en líneas castellanas». La pérdida de este derecho, según dicen, podría significar un cambio de los colegios de enseñanza, e incluso, se plantean el cambio de residencia o el retorno a su país. Este hecho explica por qué, entre las decenas de miles de personas que salieron a manifestarse por las calles de Alicante, hubiera desfilando holandeses, noruegos, ingleses, daneses.. En definitiva, padres que, el pasado 19 de mayo, también desearon protestar ante el decreto que obliga a escolarizar a sus hijos en valenciano.

El malestar y la indignación también sigue presente dentro de la Comunidad. Diferentes asociaciones y plataformas de la Comunidad Valenciana, que están batallando contra el decreto de plurilingüismo, transmitieron ayer en un comunicado, su «satisfacción y apoyo» a la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de suspender cautelarmente.

Aprovechando la misiva, y ante la pasividad del Gobierno tras la resolución del alto tribunal, solicitaron que, ya sea través del Poder judicial o del Gobierno Central, «se tomen medidas necesarias para hacer cumplir las dictaminadas por el TSJ por las cuales el decreto queda en suspensión hasta que haya sentencia firme».

Asimismo, y en respuesta a las últimas declaraciones por parte del actual Consell, una vez se dio a conocer la suspensión cautelar del decreto, la comunidad colectiva también quiso otorgar su testimonio.

Con respecto a que «el proceso de elaboración de los diferentes niveles, ha sido democrático», las diferentes asociaciones responden: «en este proceso las familias no han sido consultadas y, si lo han sido, como los datos arrojaban que el uso del castellano era mayoritario han utilizado estos datos para justificar la imposición del «valenciano».

Añaden que «desde nuestra unión defendemos que no se usen las aulas para el adoctrinamiento, sino que se fomente el diálogo para ofrecer a los niños una educación basada en el respecto y la pluralidad».