Economía

El juez prorrogará hasta 18 meses la instrucción del pitufeo y unirá piezas

Las defensas de los concejales dicen que el juez «ha abdicado» de la instrucción en favor de la UCO

La Guardia Civil «dirige» la investigación de la causa, según denuncian las defensas de los ediles imputados
La Guardia Civil «dirige» la investigación de la causa, según denuncian las defensas de los ediles imputadoslarazon

Las defensas de los concejales dicen que el juez «ha abdicado» de la instrucción en favor de la UCO

El juez de Instrucción 18 que dirige la investigación de la denominada operación Taula va a prorrogar la instrucción de la pieza denominada «del pitufeo» que indaga sobre el supuesto blanqueo de capitales por parte de los concejales y asesores del PP del Ayuntamiento de Valencia.

El juez admite así la petición del fiscal, si bien el plazo de 18 meses no es más que un apriorismo que marca la ley; y se prevé que no sea necesario consumirlos todos antes de dictar el auto de procedimiento abreviado.

La defensa de los concejales imputados en la causa ha alegado a la petición del fiscal de prorrogar la instrucción, y algunos han sido especialmente duros en sus apreciaciones sobre una instrucción que se prolonga más de un año y que se sustenta en las acusaciones de varios testigos.

La defensa de la edil Beatriz Simón es contundente al afirmar que «esta instrucción a la sombra que lleva la policía judicial, entorpece la verdadera instrucción y ello es lo que obliga al Ministerio Fiscal a pedir prórrogas. Sólo el fiscal parece conocer la verdadera marcha de la instrucción, y por ello es quien se encarga de blanquear la instrucción a la sombra de la policía judicial, introduciendo en el proceso pertinentemente los escritos procesales que permitan prorrogar esta investigación prospectiva». Además, denuncia «la abdicación de funciones del juez», y explica que «el instructor no sólo encomienda la recogida de indicios a la policía judicial, sino que estamos todas las partes esperando sus conclusiones, deliberaciones, argumentaciones, como si jurídicamente tuvieran algún valor adicional al que en realidad tienen. Recordemos que como regla general las diligencias policiales carecen en sí mismas de valor probatorio.

La defensa de Simón explica que «por la policía se está desarrollando la verdadera instrucción del caso lo que implica que esa instrucción se hace sin las debidas garantías, puesto que las partes no tenemos acceso a sus conclusiones cuando tengan a bien entregarlas, es decir, cuando hayan conseguido encontrar aquello que al fiscal le permita poner una pica en el Flandes de lo jurídico».

Por otra parte, el juez pretende unir la investigación de los denominados «zombis» aunando tanto a los de Imelsa con los de Ciegsa, tras la última denuncia de nuevos zombies ejercida por los grupos de Les Corts Valencianes.