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El PP critica que Bravo se olvide de revisar la seguridad de los Juzgados

Los populares presentarán una enmienda para que se destinen 1,2 millones para inspeccionar las instalaciones todos los edificios públicos

  • La diputada nacional Elena Bastidas y la autonómica Ferrer San-Segundo
    La diputada nacional Elena Bastidas y la autonómica Ferrer San-Segundo / La Razón
A. MARTÍ .  Valencia.

Tiempo de lectura 2 min.

04 de diciembre de 2017. 20:05h

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A. MARTÍ .  Valencia. 5/12/2017

El pasado mes de septiembre la Ciudad de la Justicia permaneció una semana cerrada por un incendio provocado por «una incidencia eléctrica de algún aparato». La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, descartó que se hubiesen producido fallos en los sistemas de seguridad ni en el eléctrico, por lo que tampoco reservará presupuesto para revisarlos. Esta decisión fue ayer duramente criticada por el PP, quien presentará dos enmiendas exigiendo la elaboración de un plan urgente de examen y actuaciones en materia de incendios, sistemas eléctricos y emergencias en todos los edificios públicos para el que exigen reservar 1,2 millones de euros.

La portavoz de Justicia del grupo parlamentario popular, María José Ferrer San-Segundo, defendió ayer que estas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad de estas instalaciones e insistió en que tres meses después del incendio Bravo sigue ocultando información. «Explicar cuáles son las causas es distinto a señalar cuál fue el foco», criticó San-segundo, quien además, lamentó que no haya sido objeto de interés para el resto de formaciones políticas.

Únicamente Ciudadanos propone crear planes de emergencias en los edificios públicos, pero no les asigna dotación económica.

El PP considera que existen partidas «poco claras», como las referidas a «servicios que prestan otras empresas» de las que se puede obtener la cantidad económica propuesta.

Desconexión en Justicia

Ferrer San-segundo anunció que el PP presentará un proposición no de ley (PNL) para instar al Consell a sumarse a la estrategia iniciada por el Gobierno para crear un sistema de gestión procesal común a todas las Administraciones con competencias en Justicia. Denunció que Bravo ha preferido adherirse al programa con el que operan los Gobiernos de Navarra y Cantabria, el Avantius. Así, advirtió de que si la consellera no cambia de estrategia, la Justicia valenciana quedará «desconectada» del Tribunal Supremo, entre otras instituciones.

El PP ha presentado el 80 por ciento de las enmiendas en materia de Justicia a los Presupuestos.

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