El PP de Valencia se rearma para el 26-J con las decisiones polémicas de Ribó

La situación que vive el PP en la ciudad de Valencia no tiene precedentes. Nueve de los diez concejales que conforman el grupo municipal en el Ayuntamiento están siendo investigados dentro de la «Operación Taula» y solicitaron la baja de militancia. Por tanto, la dirección ha decidido que ninguno de ellos participará en la próxima campaña electoral, pero esto no significa que el partido no esté dispuesto a salir a ganar.

La emergencia obligó a configurar una gestora cuyo presidente, Luis Santamaría, no da nada por perdido. Durante los dos últimos meses ha tratado de recomponer las bases del partido e insiste en que se puede mirar al futuro con optimismo.

Sus armas, básicamente serán dos. La primera, encabezar la críticas de los ciudadanos contra las decisiones más polémicas del equipo de Gobierno de Joan Ribó. Santamaría dice estar detectando un «deterioro de la convivencia ciudadana» con asuntos como la continua colocación de pancartas en el balcón del Ayuntamiento o las medidas tomadas «sin sentido común», como la peatonalización de las calles de la ciudad o la falta de la pregonada transparencia, «¿dónde ha estado el alcalde cinco días?». La segunda, sencillamente pasa por recordar el ideario del PP, un partido valencianista que no busca la confrontación.

Génova lleva sus tiempos

Por lo que respecta a la situación del expediente de los concejales que debe elaborar la dirección nacional, los populares dan por sentado que no se resolverá antes de las elecciones. Santamaría confesó que su condición de funcionario del Estado le hace ser muy respetuoso con los tiempos y que el instructor de este proceso debe tomarse el que considere necesario para decidir.

Aunque admitió que ve necesaria la reforma de la Ley Electoral para que los partidos puedan decidir cuándo un cargo electo debe abandonar su escaño, recordó que a día de hoy el acta es personal y que los ediles, a los que no quiere imputarles la condición de culpables, son dueños de las mismas. Eso sí, admitió que sería conveniente su comparecencia en la Comisión de investigación creada en el Ayuntamiento, pero recordó que ni están obligados por ley, ni el resto de grupos les han aceptado sus propuestas. «¿Por qué no pueden explicar el resto de partidos cómo se financian?».

Sobre la situación de la ex alcaldesa Rita Barberá, aseguró que si el Tribunal Supremo reclama su imputación, «hará lo que sea más conveniente para el partido» y añadió que le parece injusto que se esté ignorando todo lo que la ahora senadora ha hecho por la ciudad de Valencia.

De hecho, considera que su presencia en el Senado no resta de cara a las próximas elecciones porque los ciudadanos están preocupados por asuntos más importantes como el requisito lingüístico, la imposición del distrito único o la eliminación de aulas en la escuela concertada.